Los criollos, convencidos de que el cautiverio
del Rey ha dejado al gobierno sin cabeza, concluyen que la soberanía debe ser
ejercida por el Cabildo o Ayuntamiento, un organismo representativo de la
mayoría.
Poder criollo
Los criollos, convencidos de que el cautiverio del Rey ha dejado al gobierno sin cabeza, concluyen que la soberanía debe ser ejercida por el Cabildo o Ayuntamiento, un organismo representativo de la mayoría.
Pasando por encima de la autoridad del capitán
general Vicente de Emparan, único facultado para hacerlo, el alcalde José de
las Llamozas convoca a un Cabildo Extraordinario para el 19 de abril
Obligado a regresar, Emparan encuentra en el Ayuntamiento a nuevos
miembros: Juan Germán Roscio y José Félix Sosa autonominados diputados del
pueblo; José Cortés de Madariaga y Francisco de Ribas, representantes del
clero, y José Félix Ribas, en nombre de los pardos. Esta es una asamblea
excepcional; se convoca también a los miembros de la Audiencia. La discusión
gira alrededor de la pertinencia o no de constituir una junta gubernativa
presidida por Emparan. La mayoría, a instancias de Madariaga, se opone a la
propuesta y pide la remoción del gobernador, quien busca, sin conseguirlo, el
apoyo del pueblo congregado en la plaza.
Los cabildantes le piden la renuncia mientras el pueblo vitorea a
Fernando VII rey legítimo, da vivas a la patria y vocea mueras a los franceses.
Son destituidos los funcionarios reales, ministros de la Audiencia, el
intendente y otras autoridades. A los comisionados de la Regencia se les
expulsa a la Nueva Granada.
El Ayuntamiento asume el control del gobierno con el nombre de
Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Integrada el 25 de
abril con 23 vocales, gobierna en nombre de las provincias de Caracas,
Margarita, Cumaná, Barcelona, Mérida, Trujillo y Barinas.
No aceptan el pronunciamiento de los caraqueños las provincias de
Maracaibo y Guayana y el partido capitular de Coro.
Instituciones patriotas
La Junta Suprema elimina los derechos de exportación y de alcabala
sobre los comestibles y artículos de consumo, decreta el libre comercio con las
naciones amigas y neutrales, nombra autoridades, prohíbe el tráfico de esclavos
y exceptúa de tributo a los indígenas. Crea cuatro secretarías o ministerios y
un tribunal de apelaciones en sustitución de la Real Audiencia; envía
delegaciones a las provincias invitándolas a seguir el ejemplo de Caracas, y al
exterior –el Caribe, Estados Unidos e Inglaterra–, en busca de apoyo. Establece
juntas de Guerra y Hacienda, una Academia de Matemáticas y la Sociedad
Patriótica para la Agricultura, la Industria y el Comercio, que pronto se convierte
en un organismo revolucionario a semejanza de los clubes franceses.
Pronto la Junta Suprema tiene que enfrentar brotes subversivos en
Caracas a favor del régimen colonial. El más severo es el conocido como la
Conspiración de los Linares (octubre de 1810), que se propone crear una nueva
Junta que reconozca la Regencia y gobierne en espera de la decisión de Fernando
VII. Debelada la conjura, los comprometidos sufren penas de prisión en La
Guaira y Puerto Cabello, destierro y confinamiento.
La presencia de Francisco de Miranda en la Junta Patriótica
le imprime un carácter político decisivo para la resolución de asuntos
trascendentales, como la declaración de Independencia.
A las reuniones asisten mantuanos, pardos y negros libres. Allí se
ventilan asuntos de índole diversa: política, económica, social y religiosa.
Cuenta con un periódico, El Patriota Venezolano, dirigido por
Vicente Salias y Antonio Muñoz Tébar.
La Sociedad Patriótica acoge también a Simón Bolívar, José Félix Ribas, Miguel Peña,
Francisco Espejo y Coto Paúl. Ya en el aniversario del 19 de abril las intenciones
de sus miembros han cambiado. Recorren las calles de Caracas con banderas y
estandartes, destruyen retratos de Fernando VII y gritan mueras a la metrópoli
y a la tiranía.
La Caracas de entonces conoce el transitar bullicioso de los
jóvenes exaltados de la Sociedad Patriótica y su conducta agresiva en las
barras del Congreso. A ella se le atribuye haber ejercido la dirección del
movimiento revolucionario. Según Pablo Morillo, “sólo se hacía y ejecutaba lo
que ella disponía”
Rechazos y adhesiones
La invitación a seguir el ejemplo de Caracas encuentra reacciones
muy diversas en las provincias.
El Ayuntamiento de Coro se manifiesta en contra de los emisarios
de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Desconoce la
autoridad de Caracas y manda a los comisionados presos a Maracaibo.
Estas decisiones obligan al gobierno caraqueño a someter el
distrito rebelde con el envío de un cuerpo de tropa escenificándose así “el
primer acto de guerra civil”. En la provincia de Guayana los hechos no son menos
complejos. Al principio los comisionados de Caracas cuentan con el apoyo de los
alcaldes José de Heres y Juan Crisóstomo Roscio, así como del comandante de la
plaza, quienes propician la convocatoria de un cabildo abierto, donde se
destituye al gobernador José Felipe Inciarte y se crea una Junta Superior
Gubernativa de Guayana con la participación de los franciscanos, pero el 13 de
junio, por presión de los capuchinos junto con los franciscanos regentes de las
misiones de la zona y los europeos residentes, hay un pronunciamiento dentro de
la misma Junta, que desconoce a Caracas.
El gobernador Matías Farreras ordena detener a “los caraqueñistas”
y Guayana se adhiere a la monarquía.
La reacción de Maracaibo frente a los sucesos caraqueños también
es de rechazo. El Consejo de Regencia nombra gobernador de Maracaibo y capitán
general de Venezuela al autonomista promonárquico Fernando Miyares, quien
convierte a Maracaibo en la sede de la Capitanía General. Mérida se ha separado
de esta provincia y adherido a Caracas. Maracaibo instruye a su pueblo contra
Caracas. El Ayuntamiento reunido en pleno, con la representación del gobierno
eclesiástico, civil y militar, acuerda guardar fidelidad a la Corona,
reconocida en el Consejo de Regencia.
En cambio Mérida, que hace un siglo ha perdido la capitalidad, ve
la oportunidad de recuperarla con la llegada del comisionado de la Junta
caraqueña. El Ayuntamiento decide la creación de una Junta que asuma el
gobierno y Mérida proyecta el movimiento autonomista hasta La Grita y San
Cristóbal.
Al mismo tiempo, se divide la provincia de Cumaná y se crea la de
Barcelona. El gobernador convoca a los alcaldes ordinarios, al ministro de la
Real Hacienda, al Vicario, al juez eclesiástico, así como a los párrocos,
cuatro oficiales del cuerpo militar de blancos, dos pardos, dos comerciantes y
dos hacendados, para establecer una Junta provincial. Los barceloneses
manifiestan autonomía frente a Caracas y Cumaná.
Por su parte, la Junta trujillana se configura cuando las tropas
enviadas a Mérida por Francisco Rodríguez del Toro, marqués del Toro, llegan a
Trujillo. El Ayuntamiento se reúne el 9 de octubre en Cabildo abierto y
renuncia a sus poderes. Una Junta debe encargarse de los intereses de la
religión, la patria, el Rey y la dinastía. Representantes de distintos sectores
nombran a los miembros de dicha Junta, cuyo presidente presta juramento “a
manera militar” y sus colegas “lo rindieron por una señal de cruz”.
Abajo cadenas
Una medida trascendente de la Junta Suprema es la promulgación del
reglamento electoral, redactado por Juan Germán Roscio. Se manda a los alcaldes
y tenientes de justicia a levantar un censo general y formar listas de
votantes, mayores de 25 años, que dispongan de por lo menos 2.000 pesos en
bienes raíces o muebles. En la elección a dos grados, los votantes escogerán a
un elector por cada 500 almas y otro por un exceso de 200, que reunidos
designarán un diputado por cada 20.000 habitantes y otro por exceso de 10.000.
La provincia de Caracas nombra 24 representantes, Barinas 9, Cumaná 4,
Barcelona 3, Mérida 2, Trujillo 1 y Margarita 1.
El primer Congreso de Venezuela se reúne el 2 de marzo de 1811, en
la casa del conde de San Javier. Tiene por objeto decidir sobre el gobierno más
conveniente para las provincias. Al instalarse designa a las autoridades:
Ejecutivo plural, un triunvirato cuyos miembros se turnarían en la presidencia
por períodos semanales y cuatro secretarías de Estado: Miguel José Sanz, de
Guerra y Marina; José Domingo Duarte, de Gracia y Justicia y de Hacienda;
Carlos Machado, de la Cancillería, y José Tomás Santana, de Decretos. Los
asuntos judiciales corresponden a una Alta Corte de Justicia; se crea la
llamada Junta de Arbitrios para estudiar la manera de aumentar las rentas del
Estado.
La prensa, de clara tendencia independentista, ejerce presión
sobre el Congreso. Este mantiene una actitud moderada hasta que es sacudido por
los miembros de la Sociedad Patriótica, cuyas intervenciones precipitan la
declaración de la Independencia. Los debates sobre el tema son arduos y
polémicos; para unos es inoportuna, otros temen la reacción de las potencias
extranjeras; algunos argumentan la incierta suerte de Guayana, Maracaibo y
Coro; también se habla de la condición de los pardos y se invocan las
instrucciones de los electores. Desde las barras, miembros de la Sociedad
Patriótica dificultan las intervenciones de los diputados.
El 3 de julio, en la Sociedad Patriótica, Simón Bolívar pronuncia un elocuente
discurso que lo estrena como orador. Incita a no vacilar ante la urgencia de
declarar la Independencia: “¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus
esclavos o que los conserve, si estamos decididos a ser libres? Trescientos años
de calma ¿no bastan?”. Al día siguiente, en el Congreso, las palabras de Miguel
Peña reiteran la posición de los revolucionarios. El 5 los argumentos jurídicos
de Roscio son terminantes: “el contrato con Fernando VII fue anulado por falta
de rey”.
La declaración solemne de la Independencia es celebrada con vivas
a la patria y a la libertad, aclamaciones del pueblo y repiques de campanas.
Libertad con nubarrones
La redacción del Acta de la Independencia se
encomienda a Juan Germán Roscio y al secretario del Congreso, Francisco
Isnardi. Es aprobada el día 7 de julio de 1811. Una comisión la presenta al
Ejecutivo el 8; el mismo día se aprueba la fórmula de juramento a la
Independencia que debían prestar las autoridades y los ciudadanos mayores de 15
años.
Los argumentos básicos de la Independencia asentados en el Acta
provienen del derecho castellano, en combinación con los principios de Rousseau
difundidos por la Revolución Francesa. La razón principal deriva de los sucesos
de Bayona y el ascenso al trono, sin consentimiento del pueblo, de una nueva
dinastía. La conclusión de los independentistas es que los Borbones violaron el
pacto con “los españoles de ambos mundos”, entregándolos como esclavos a
Bonaparte. La conducta “hostil y desnaturalizada de los gobiernos de España”
liberó a los pueblos del juramento de fidelidad al Soberano. Por lo tanto, en
uso de sus derechos, las provincias unidas de Venezuela se declaran “absueltas
de toda sumisión y dependencia de la Corona de España”. En su parte final, el
documento de ruptura del vínculo colonial proclama el “pleno poder” del pueblo
de Venezuela para escoger su forma de gobierno, declarar la guerra, formar
alianzas y arreglar tratados de comercio, como nación libre e independiente. El
vocero del Congreso, El Publicista de Venezuela, en su número del
11 de julio inserta el Acta. El 14 es leída en las plazas y esquinas de Caracas
y el 16 es impresa en la Gazeta de Caracas.
Las autoridades metropolitanas decretan el bloqueo, hostilizan y
desacreditan los esfuerzos de los americanos en pro de la libertad de sus
países. En lo interno, de inmediato, no todo fue consenso y júbilo por la
declaración de Independencia.
El 11 de julio ocurre en la parte norte de Caracas la asonada
llamada de la Sabana del Teque, en la que participan grupos de canarios
descontentos. Al grito de ¡Viva el Rey y la Virgen del Rosario, mueran los
traidores! intentan apoderarse del cuartel San Carlos. Son sometidos a fuerza
de pedradas por gente del pueblo. Los dirigentes son juzgados y condenados a la
pena de muerte. La cifra de los ajusticiados sobrepasa los diez individuos.
Simultáneamente estalla en Valencia una insurrección que desconoce al Congreso,
y se proclama a favor de Fernando VII y de la religión católica. En la rebelión
se conjugan la propaganda adversa a Caracas de los agentes del comisionado
Regio Antonio Cortabarría, el fanatismo de algunos religiosos que desconfían
del nuevo régimen, la actitud a favor de la monarquía de vizcaínos establecidos
en Valencia y el resentimiento de los pardos contra los criollos en su lucha
por la igualdad. A los insurrectos valencianos se unen las poblaciones de
Ocumare de la Costa, Nirgua, Montalbán y Urama. Al cabo de un mes, con
numerosos heridos, y grandes pérdidas humanas y materiales, Miranda logra
recuperar la ciudad. Los comprometidos son juzgados pero no hay ejecuciones.
La primera Constitución
El basamento jurídico del Estado soberano se plasma en la
Constitución Federal sancionada el 21 de diciembre de 1811. Tiene el singular
mérito de ser la primera de las Cartas Magnas de América hispana.
Para redactar la Constitución, el Congreso designa el 16 de marzo
una comisión, compuesta por Francisco Javier Ustáriz, Gabriel Ponte y Juan
Germán Roscio. Finalmente, fue obra de Roscio y Ustáriz, quienes se inspiraron
en la Constitución norteamericana, la Declaración de los derechos del
hombre y el ciudadano y el derecho colonial español. El texto que crea
la confederación americana de Venezuela adopta el sistema federal; su base
primordial es la soberanía popular y, por tanto, el gobierno es representativo.
Acoge la división de poderes: el Legislativo lo ejercen un Senado y una Cámara
de Representantes, el Ejecutivo lo integra un triunvirato y el Judicial queda a
cargo de una Corte Suprema y tribunales inferiores.
En su parte dogmática, la Constitución expresa que los gobiernos
han sido creados para asegurar al hombre el bien y la felicidad, procurarle el
ejercicio de sus derechos: libertad, igualdad, propiedad y seguridad.
Por lo mismo, quedan abolidos los títulos de nobleza, honores o
distinciones hereditarias y el fuero eclesiástico. Esto último es objeto de
reparos por los ocho sacerdotes diputados al Congreso. Se reconoce como
religión de Estado la católica, apostólica y romana.
También queda abolido en todo el territorio de la Unión el
comercio de negros y se revocan las leyes protectoras de los indios que les han
perjudicado sobremanera; también son dejadas sin efecto las leyes que degradan
a los pardos. Todos los funcionarios deben prestar juramento de fidelidad al
Estado, sostener y defender la Constitución y proteger y conservar la religión
católica.
Las provincias de Caracas, Barcelona, Barinas, Mérida y Trujillo
sancionan sus respectivas constituciones locales. La carta constitucional de
Barcelona, redactada por Francisco Espejo y Ramón García de Sena, destaca por
su sentido progresista; consagra el derecho a la resistencia y la insurrección,
extingue las corporaciones y los fueros religioso y militar, crea el clero
constitucional y juramentado, y el “Consejo íntimo”, grupo asesor del
presidente de la República para los casos dudosos y graves.
Reacción realista
Los acontecimientos políticos de Venezuela dan curso a las
acciones militares. Las contradicciones sociales y pugnas regionales, así como
los antagonismos políticos, conducen a la guerra declarada a las provincias
rebeldes.
Una acción intrépida comandada por Domingo de Monteverde le
proporciona un poder que se extiende de Coro a Barquisimeto y Carora; de allí
se acerca a Caracas favorecido por la actitud monárquica de Valencia. La
gravedad de la situación induce a los criollos a pensar en la dictadura con el
fin de salvar la república. El gobierno delegará en el dictador sus facultades
ordinarias y extraordinarias. En principio proponen al marqués del Toro, quien
no acepta; finalmente se rinden ante la personalidad y prestigio de Miranda. El
nombramiento despierta la alegría general; pero no todo el mundo ha superado
sus reservas contra Miranda. Algunos criollos, por temor a los realistas, se
dedican a entorpecer la aplicación de las medidas que toma, la ley marcial, la
conscripción de los esclavos, el nombramiento de José Felix Ribas como
gobernador militar de Caracas, y las normas disciplinarias para organizar el
ejército. El enemigo más dañino de Miranda, por su influencia social, es el
arzobispo Narciso Coll y Prat, quien cuenta con todo el aparato de su
ministerio para hacerlo blanco de múltiples ataques.
Mientras tanto, frente a Cumaná se mantiene una escuadra española
que acentúa el bloqueo. Sus secuelas se experimentan en la escasez de
alimentos; suben los precios de los productos de importación y bajan los de los
frutos de exportación: café, cacao y añil. La especulación es práctica
generalizada. Los comerciantes minoristas ocultan sus existencias.
Se agudiza la crisis de numerario, se extraen las monedas buenas o
se esconden. La incorporación del papel moneda trae consecuencias calamitosas
por la desconfianza y falta de aceptación.
Violencia
Un mes antes de asumir Miranda la dictadura, ocurre un devastador
terremoto que destruye las ciudades de Caracas, Valencia, Barquisimeto, San
Felipe, Cumaná, La Guaira, Mérida y Puerto Cabello, coincidencialmente
republicanas. Este hecho es aprovechado por la Iglesia para difundir entre la
población la idea de que se trata de un castigo divino por los sucesos
recientes. La gente despavorida ante el fenómeno corre al grito de
¡Misericordia Fernando VII! Un participante en la guerra, Gregorio MacGregor,
brigadier del ejército republicano, expresa: “... miedo y desesperación,
tristeza y ruina... Padres se han salvado pero perdiendo a sus hijos, hijos con
la pérdida de sus padres, y muy pocos sin la pérdida de sus pertenencias.
Cuarenta iglesias de Caracas se desplomaron, desapareció el comercio, 2.500 cuerpos
fueron consumidos por el fuego. Hubo especulación y hambruna; la yerba
producida entre los escombros de Caracas, pira y verdolaga, alimenta por algún
tiempo a mucha gente”.
Estados Unidos envía un barco con suministros de harina y maíz que
se distribuyen entre militares y civiles. El comerciante francés Vigneaux vende
en 1.200 pesos lo que vale 300. Los miembros de la municipalidad distribuyen
los víveres entre sus allegados y no alcanzan para los pobres.
El terremoto favorece la reacción realista encabezada por
Monteverde, no solo por la desaparición de cuerpos completos del ejército,
sepultados bajo las ruinas de los templos y cuarteles, sino también por la
propaganda de la Iglesia que explica el sismo como castigo de Dios por la
deslealtad de los súbditos al monarca.
En un desesperado intento por neutralizar los efectos de la
prédica religiosa contra la república, el gobierno expulsa al arzobispo Coll y
Prat, a quien se le achaca la sublevación de las esclavitudes de
Barlovento.
El día de San Juan de 1812, al grito de ¡Viva Fernando VII! salen
negros libres y esclavos de los valles de Capaya, Curiepe y El Guapo,
instigados por españoles y criollos; asaltan las fincas y asesinan a varios
propietarios; la violencia de los sublevados obliga a los propios instigadores
de la revuelta a escapar para salvar sus vidas. Según el testigo Luis Delpech
“más de 4.000 negros conducidos por Llamozas y los curas se levantaron en los
Valles del Tuy”.
La superioridad numérica del grupo de negros y pardos sobre el
blanco es avasallante. Los resentimientos sociales que se habían arraigado
profundamente y la quiebra de la autoridad colonial son elementos suficientes
para fomentar una guerra de castas.
El terremoto de 1812
A las 4 de la tarde del día 26 de marzo de 1812 un destructor
movimiento telúrico se produce en Caracas y otras ciudades republicanas,
ocasionando grandes daños y la muerte de cerca de 20.000 personas.
El desastre natural es interpretado por los realistas como un
castigo divino debido a la infidelidad al Rey. El arzobispo de Caracas, Narciso
Coll y Prat, se refiere al suceso como “el espantoso pero bien merecido
terremoto” que deja “confirmadas en nuestros días las profecías siempre
vigentes reveladas por Dios a los hombres sobre las antiguas ciudades impías y
orgullosas: Babilonia, Jerusalén y la Torre de Babel”.
Del lado patriota la interpretación es diferente. Desde los
escombros de la iglesia de San Jacinto, Simón Bolívar llamaba a continuar
luchando por la independencia a pesar de los daños sufridos. Y otro patriota,
Rafael León, declara, con semblante risueño: "Dios manifestó patentemente
su voluntad destruyendo hasta las casa hechas por los españoles .
Sucumbe la Primera República
La
gravedad de los problemas político-militares: pérdida de la plaza de Puerto
Cabello, sublevación de las esclavitudes, separación de las provincias,
indisciplina de la tropa y sus jefes, son motivos suficientes que inducen a
Miranda a capitular. Considera que no puede hacer mejor servicio a su patria
que restituirle el sosiego y la paz.
Después
de varias negociaciones, Monteverde acepta las condiciones expuestas por el
marqués de Casa León, comisionado de Miranda:
1.
Inmunidad absoluta de personas y bienes.
2.
Conservación del papel moneda en curso.
3.
Inmunidad para los desertores.
4.
Protección para los pardos y abolición de las disposiciones que los envilezcan.
5.
Aplicación en Venezuela de los reglamentos que hayan establecido y establezcan
las Cortes españolas.
Miranda,
a su vez, acepta las condiciones de Monteverde el 25 de julio de 1812. José de
Sata y Bussy, comisionado de Miranda ante Monteverde, al firmar la conocida
como Capitulación de San Mateo admite que ese plan sería ejecutado y cumplido
por el jefe realista con exclusión de toda otra autoridad española. Monteverde
desconoce la autoridad del capitán general de Venezuela, Fernando Miyares. Para
legitimar la situación, las autoridades españolas conceden a este las
gobernaciones de Coro-Maracaibo y Guayana; el resto de la capitanía queda bajo
la autoridad de Monteverde, comandante general del ejército y pacificador. El 3
de septiembre la Regencia lo nombra capitán general de Venezuela y presidente
de la Audiencia.
Caracciolo
Parra Pérez llama “conquista canaria” al gobierno que implanta Monteverde,
donde predominaban sus paisanos. Uno de su camarilla, Francisco Cervériz, llega
a asegurar: “No hay más señor que un gobierno militar; pasar todos estos
pícaros (criollos) por las armas”, y Pascual Martínez, otro de sus seguidores,
dice: “No hay más Audiencia, ni más capitanía general, ni más Fernando VII que
mi voluntad”. La capitulación es violada inmediatamente por el jefe canario.
Miranda es la primera víctima; entregado por sus correligionarios, es detenido
en La Guaira y enviado a las bóvedas del castillo San Felipe de Puerto Cabello.
El
1 de agosto de 1812 se desata la represión, se detiene a los patriotas Juan
Pablo Ayala, José Cortés de Madariaga, Francisco Isnardi, los Castillo y Juan
Germán Roscio.
La
reacción contra el gobierno de Monteverde se origina en su propio
mandato: depredador, ladrón de los bienes públicos, obliga a los
soldados a trabajar en obras particulares de sus partidarios. El realista Pedro
de Urquinaona señala que la gente vio “infringidos los pactos, quebrantadas las
leyes y despreciada la razón y la justicia con las repetidas confiscaciones,
arrestos y destierros arbitrarios”.
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