El 2 de febrero de 1984 Jaime Lusinchi asume la Presidencia de la República ante el Congreso Nacional, donde su partido Acción Democrática tiene una sólida mayoría de votos. Aunque ha llegado a la primera magistratura en hombros de una aplastante mayoría que le otorgó 1.478.010 votos más que a su inmediato contendor, el expresidente Caldera, debe gobernar en tiempos difíciles. Un año atrás el bolívar ha sido devaluado y se ha establecido el control de cambios, lo que representa un claro síntoma del debilitamiento de la economía basada en la renta petrolera.
En su primer mensaje a la nación, Lusinchi promete un programa de gobierno centrado en los fundamentos de la “democracia social”. Pero, por sobre las promesas y novedades que puede presentar, tanto el país como la comunidad internacional concentran su atención en los pronunciamientos del nuevo presidente con respecto a la deuda externa, pública y privada, cuyo peso sobre su gobierno reduce notablemente la posibilidad de encontrar soluciones para la coyuntura que tiene por delante. A sabiendas de que es imprescindible una pronta definición, dice en su mensaje: “Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo”. Este problema deja una huella profunda en su administración.
El 24 de febrero, el presidente Lusinchi precisa su política económica. En materia monetaria varía el esquema impuesto por el gobierno precedente. “Se establecen cuatro tipos diferenciales de cambio: a) el de Bs. 4,30 por dólar (fijado por la administración de Herrera Campins) se prorroga hasta diciembre de 1985, otorgado para el pago de cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y para medicinas y alimentos especificados en resolución del Ministerio de Hacienda; b) el de Bs. 6 por dólar para la venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro; c) el de 7,50 para las transacciones comerciales y financieras, privadas o públicas; y d) el "dólar fluctuante", cuyo tipo de cambio será fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Anuncia una drástica baja de las tasas de interés; fija una política laboral compensatoria del bajo nivel de vida y ordena a los ministros reducir los gastos de funcionamiento de sus despachos. Con estas medidas intenta corregir los efectos inmediatos de la situación. Más adelante presentará propuestas de mayor alcance, a las que el éxito les fue esquivo.
Intentos fallidos
En septiembre de 1984, desde Nueva York, a donde viaja para intervenir ante la Asamblea General de la ONU, el presidente anuncia que se ha logrado un acuerdo con la banca internacional para el financiamiento de la deuda externa. “El Presidente recalcó la onerosa cifra de los compromisos, que se ubica en los Bs. 175.000 millones (al cambio de entonces), un endeudamiento contraído en muchos casos al margen de la ley, y reiteró la exigencia de que se estableciera la verdad sobre los mismos”.
En 1986 y 1987 se suscriben acuerdos de refinanciamiento, coincidiendo con la baja de los precios del petróleo, lo cual obliga al Gobierno a postergar los pagos por concepto de amortización de la deuda. El acuerdo de febrero de 1987, que es anunciado como “el mejor refinanciamiento del mundo” refleja una posición débil por parte de Venezuela, pues no obtiene años de gracia como sí lo lograron otros países; México, por ejemplo. Por añadidura, los pagos a los que quedamos comprometidos producen una cuantiosa contracción de las reservas internacionales de divisas. Busca plazos más largos e intereses más bajos, pero las condiciones en las que se negocia no permiten que esto sea posible. Como siempre, la debilidad de los deudores es aprovechada por los acreedores y en este caso resulta así a pesar de las laboriosas negociaciones llevadas a cabo. Entre 1983 y 1987, Venezuela pagará cerca de 30.075 millones de dólares a los acreedores.
En noviembre, el ministro de Cordiplan, Luis Raúl Matos Azócar, presenta el VII Plan de la Nación. Este suscita fuertes críticas y, en particular, el rechazo del sector empresarial, que lo considera inapropiado. El Plan propone un camino consensual, el Pacto Social, y la reestructuración del Estado. El cambio propuesto parece ir por buen camino, pero su instrumentación no convence a sectores decisivos.
El ministro Matos Azócar sale del Gobierno y el VII Plan es sustituido por el llamado Plan Trienal de Inversiones, más modesto en sus alcances, pero viable. En 1984 se trata de revitalizar el sector agrícola mediante una política de incentivos: este sector crece a una tasa de 6,3% anual entre 1984 y 1988, en tanto el resto de la economía lo hace al 4,2%.
Alerta bancaria
Algunos indicadores vienen produciendo preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de la economía desde 1983, cuando se devalúa el bolívar y se establece el control de cambios. La cuestión bancaria se torna delicada, a lo que contribuye una cierta debilidad de los controles estatales. La banca va dejando de lado su papel de intermediación financiera y se aventura en inversiones que a la larga resultan riesgosas. Se habla de especulación con fondos del público, de alta morosidad de los deudores, de negocios desacertados y de balances insinceros.
En marzo de 1985 es intervenido el Banco de Comercio, al comprobar la existencia de irregularidades en sus operaciones por Bs. 2.000 millones y detectar una aguda falta de liquidez para atender a sus compromisos inmediatos de caja. Julio de 1987 depara otra sorpresa en el mundo financiero: se declara en quiebra el Banco Tequendama.
El 22 de marzo de 1985 el Gobierno promulga la ley mediante la cual se crea el Fondo de Garantía y Protección Bancaria –conocido posteriormente como Fogade–, que garantiza hasta un límite predeterminado los depósitos recibidos por la banca comercial. Este es el organismo que más tarde, en la grave crisis bancaria de 1994, auxilia a los bancos en problemas y participa efectivamente en el rescate de las cifras que garantizan a los depositantes.
Blanca Ibáñez es un foco de poder ejercido desde la secretaría privada del presidente Jaime Lusinchi, escribe Simón Sáez Mérida en la revista Al Margen en enero de 1987. Para entonces, Luis Piñerúa ha abierto desde el Comité Ejecutivo de Acción Democrática un boquete en la moral adeca, amenazando con una “lista de corruptos”.
La actuación de Ibáñez queda para la historia en innumerables fotos y artículos críticos: vestida de militar en el marco de la tragedia del río Limón, estado Aragua; hija adoptiva de La Grita; acusada de irregularidades en el complejo habitacional Juan Pablo II, en la urbanización Montalbán, en Caracas; rechazada en el palacio de Moncloa por aquello del barraganato. Un columnista define a Ibáñez como “la mujer con más poder político en el siglo XX venezolano”.
Los escándalos de Recadi
El manejo discrecional y el tráfico de influencias en el otorgamiento de divisas extranjeras –vigente desde la fundación de Recadi– da pie a innumerables actos de corrupción, favoritismos y ventajismos de variada naturaleza. Este ha sido calificado como uno de los escándalos administrativos más grandes del país.
Aun cuando las denuncias son abundantes al despuntar el nuevo gobierno en 1989, la cuestión no pasa de una gran algazara, pues los denunciantes se retractan o no presentan pruebas de los casos cuyas irregularidades han sido recogidas por la prensa.
La Reforma del Estado
El 17 de diciembre de 1984 es creada la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en consecuencia con el VII Plan de la Nación, en cuyo enunciado parece anunciarse como próximo paso. Según se expresa en el decreto, se irá a un “Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos”. Ramón J. Velásquez es designado presidente de la COPRE. Se inicia un vasto proceso de consultas a distintos sectores de la sociedad para recoger sus opiniones y sugerencias. A resultas de esto, la COPRE logra una amplia aceptación y consigue el respaldo de diversos grupos de opinión. A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las propuestas: “Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela”; “Reformas inmediatas del Poder Judicial”; “Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela”; “Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela”.
Un documento producido por este organismo, “Propuestas para reformas políticas inmediatas”, es rechazado por el Gobierno debido a que sale a la luz pública antes de su aprobación. Con esto disminuye el entusiasmo gubernamental por la COPRE, a pesar del importante lugar que ha alcanzado como escenario de debate y de intermediación social.
El documento propone la elección popular, directa y secreta de los gobernadores de estado; profundización de la democracia en los partidos; reformas a la Ley Orgánica del Sufragio, y reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en la cual se contempla la creación de la figura de los alcaldes.
Acción Democrática no mira la propuesta con simpatía, por lo que el Parlamento demora su discusión hasta que finalmente alega falta de tiempo para considerarlo en el período de sesiones que concluyen con la presidencia de Lusinchi. No obstante, en julio de 1988 el Congreso aprueba la Ley de Régimen Municipal que crea la figura del alcalde, y en agosto, la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados.
En diciembre de 1989 se realizan las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes regidas por esta ley.
En octubre de 1988 en el pequeño pueblo de El Amparo, estado Apure, se produce una masacre en la que mueren 15 pescadores. La operación es ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que vigilan la región, ya bajo el asedio de las guerrillas colombianas.
El Comando Específico justifica su acción calificando al grupo de pescadores como guerrilleros que probablemente preparaban una acción.
Sin embargo, las ropas que visten, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes, hacen que la opinión pública se sienta burlada tanto por los jefes de la operación como por el propio presidente Jaime Lusinchi que ha avalado públicamente esta versión de los hechos. El suceso produce un escándalo de gran resonancia y un largo proceso judicial, finalmente elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentencia a favor de los familiares de los fallecidos y obliga al Gobierno Nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.
La contienda electoral de 1988 se libra dentro de los partidos tradicionales con graves consecuencias para su futuro: se dividen de manera irreversible y se inicia su proceso de declinación. En el Poliedro de Caracas, el “delfín” emergente, Eduardo Fernández, del partido COPEI, vence en su aspiración presidencial a Rafael Caldera. El episodio es traumático.
En las filas de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez derrota al presidente Lusinchi, quien respalda a Octavio Lepage. Son duelos que no terminan con las elecciones de diciembre.
Nadie ataja los vientos desatados, y a diferencia de otras campañas, en COPEI y en Acción Democrática no hay ni olvido ni perdón entre los vencedores y los agraviados. En cosa de años tanto Caldera como Pérez quedan fuera de sus partidos.
Del espejismo al Gran Viraje
Aun cuando en su campaña Carlos Andrés Pérez tiene la prudencia de no hacer promesas populistas, su solo nombre invoca el espejismo de la abundancia de los años 1970.
En esta segunda presidencia, Pérez comienza a gobernar un país distinto: las reservas operativas del Banco Central de Venezuela están en sus niveles más bajos; el déficit fiscal es seriamente comprometedor. Durante la campaña, su equipo económico se muestra de acuerdo con la necesidad de aplicar un programa de apertura económica. Al llegar al poder se encuentra con desequilibrios macroeconómicos mayores a los imaginados. La tesis de la medida de shock triunfa sobre la de la “aplicación gradual”.
Las arcas del Estado venezolano están exhaustas; la renta petrolera no es suficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales. El Gran Viraje comporta una rectificación, que se concreta en una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional.
Ese compromiso significa el reconocimiento de la caída de los precios del petróleo, el reinicio de los pagos del servicio de la deuda externa y la posibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales. Se promete equilibrio fiscal; no intervención en el sistema de precios; eliminación de barreras arancelarias al comercio; devaluación del bolívar para garantizar la competitividad en los mercados externos; privatización de las empresas públicas; contracción monetaria; desregulación del mercado de trabajo; eliminación de subsidios; transferencia a la empresa privada de bancos, teléfonos, hoteles; ajuste gradual de tarifas y de precios, incluido el de la gasolina; tasa flotante para el bolívar, y eliminación del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). Estas medidas, que tienden a la liberación de la economía, son acompañadas por otras de carácter social para amortiguar su impacto sobre la población de escasos recursos. En tal sentido se contempla el aumento de sueldos y salarios de la Administración Pública, aumento del salario mínimo, un programa de becas alimentarias, creación de hogares de cuidado diario, programa de consolidación de barrios, apoyo a las microempresas, fortalecimiento de programas de salud infantil y de ambulatorios. Los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 alteran la ruta prevista.
Tecnócratas a la vista
El presidente de la República pone el Gobierno en manos de un equipo de tecnócratas de altas calificaciones: Miguel Rodríguez Fandeo, Moisés Naim, Ricardo Haussman, Imelda Cisneros, Gerver Torres, Beatrice Rangel, Roberto Smith, Gustavo García, Ana Julia Jattar, Fernando Martínez Mótola, Carlos Blanco, Miguel Rodríguez Mendoza. Priva en ellos la racionalidad técnica subestimando los aspectos políticos. Un pequeño error.
Sin embargo, será recordado como uno de los gabinetes profesionalmente más coherentes de la democracia.
Rústicos en campaña electoral
El 20 de junio de 1989 El Nacional anuncia: “Por arte de magia desaparecieron veinte jeeps entregados a la Casa Militar”. La noticia estremece al exministro del Interior, José Ángel Ciliberto, quien se comunica con el presidente Jaime Lusinchi. El expresidente lo calma: “No le des mucha importancia. Tú sabes cómo son los periódicos de escandalosos”. El caso lo recoge el mismísimo Ciliberto en Una rústica conjura: el caso de los jeeps, y termina con un enfrentamiento entre el antiguo jefe y el antiguo subordinado. Los rústicos habían sido adquiridos para la campaña electoral de Acción Democrática (1988) “con dinero proveniente de la partida presupuestaria destinada a gastos de seguridad y defensa del Estado del Ministerio de Relaciones Interiores”.
El 27 de febrero de 1989
El Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza de los precios de la gasolina para el 26 de febrero (Bs. 2,75 la alta y a Bs. 2,55 la baja) y autoriza un incremento del 30% en el pasaje del transporte público. Es la gota que rebosa el vaso. Tiene lugar un estallido social. La reacción comienza en Guarenas, como protesta por el aumento en los precios del transporte colectivo. Durante varias horas en la mañana del 27 de febrero de 1989 la gente se ve bajando de los cerros de Caracas; la televisión comienza a transmitir las primeras escenas de saqueos que se llevan a cabo de manera extrañamente pacífica, inicialmente con la benevolencia policial. Motines y saqueos de pronto adquieren particular violencia. El 28, los cuerpos de seguridad comprueban su ineficacia. El Ejecutivo suspende las garantías y decreta el toque de queda, hecho inédito para la población joven. La gente demuestra que el “reajuste económico” no puede hacerse sin atender los problemas sociales. Hay un número impresionante de muertos, calculado en 300, enormes pérdidas materiales y queda en la mente de todo el mundo un sentimiento de temor y de miedo que el tiempo no borra. El programa de reajustes se mantiene inalterable: el 7 de marzo se decreta la liberación de precios.
Denuncias e investigaciones posteriores demostraron que el número de víctimas fue mucho mayor.
El bipartidismo aprende a perder
Una reforma constitucional de profunda significación para un país presidencialista es la elección de gobernadores en diciembre de 1989. Con la elección de gobernadores y de alcaldes se acomete el proceso de descentralización, la transferencia de competencias y la administración autónoma de recursos. Varía sustancialmente el mapa político del país. De las 20 gobernaciones existentes, AD obtiene 11; Copei, seis; una para la Causa R; una para el MAS y una independiente.
Estas elecciones son, al mismo tiempo, el primer anuncio de la pérdida de poder del bipartidismo que en las últimas elecciones nacionales había alcanzado el 92% del total de votos. En el estado Bolívar gana las elecciones la Causa R y es electo gobernador Andrés Velásquez, un técnico medio anteriormente líder de los sindicatos de SIDOR. Acción Democrática intenta desconocer los resultados, pero impresionantes jornadas de protesta popular y la amenaza de los obreros de apagar los hornos de SIDOR hacen que las autoridades electorales reconsideren su decisión y reconozcan el triunfo de Velásquez. En el estado Aragua, gana el MAS y Carlos Tablante pasa a ser gobernador. Las reformas a las que se habían resistido AD y COPEI, comienzan a mostrar sus efectos democratizadores del poder.
Así anda el país en 1992
Los resultados macroeconómicos de los tres primeros años de la administración del presidente Pérez son satisfactorios; a un primer año de contracción económica siguen dos de crecimiento: 5,3% en 1990 y 9,5% en 1991. El déficit fiscal se reduce el primer año por la devaluación del bolívar, en 1990 por efecto de la guerra del Golfo Pérsico, y en 1991 por las privatizaciones de empresas del Estado, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Venezolana Internacional de Aviación (VIASA). Sin embargo, el equilibrio en las cifras macro de la economía no se expresa en mejoras del nivel de vida para el ciudadano común. Una alta inflación y niveles de pobreza calculados en 62%, con un 30% en situación crítica, es el marco de 1992. El ambiente político se caldea cada vez más. La CTV repudia el paquete económico desde 1989, y poco después se lleva a cabo la llamada "marcha de los pendejos" en protesta contra la corrupción. El Gobierno pretende aliviar las tensiones sociales anunciando un ambicioso proyecto de ayuda y atención a los sectores más débiles de la población. El llamado "Megaproyecto Social" llega con retraso. Durante los meses finales de 1991 se difunden rumores de golpe de Estado. En enero de 1992 hay una reacción general contra el Impuesto de Valor Agregado (IVA).
Lo que el viento se llevó
En 1989, el Banco Central de Venezuela, bajo la presidencia de Pedro Tinoco, tiene la idea poco discreta de lanzar al mercado los billetes de uno y dos bolívares. Resultan un fiasco: se disuelven en las manos, como bolívares de agua. A los “tinoquitos” se los lleva el viento.
El 4 de febrero
En 1983 se funda una agrupación informal en las Fuerzas Armadas denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) cuya doctrina se apoya en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. La organización forma grupos de discusión sobre la situación política y económica venezolana. Progresivamente surge en el seno del movimiento la idea de cambiar la situación del país a través de un golpe de Estado. Alegando la situación económica y política, y la incompetencia y corrupción del liderazgo civil, el MBR-200 organiza la “Operación Zamora”, cuyos objetivos son derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez y constituir una Junta de Reconstrucción Nacional. La insurrección comienza en la tarde del día 3 y estalla esa misma noche. A su regreso de Suiza, el presidente Pérez es recibido en el aeropuerto por los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, quienes le informan sobre la asonada. El presidente se dirige a la residencia presidencial La Casona; allí es informado del alzamiento en el Zulia. Se va al Palacio de Miraflores, que comienza a ser atacado a las 12 de la noche. El presidente logra escapar a una estación de televisión, desde donde se dirige al país, ordenando a los insurrectos deponer las armas.
El poder de la información se hace evidente. El Gobierno muestra una imagen de control de la situación.
Las fuerzas leales al mando del ministro de la Defensa recuperan el Palacio de Miraflores a las 4 de la mañana y comienza la rendición de las fuerzas insurgentes. A primeras horas de la tarde el jefe máximo de la rebelión, comandante Hugo Chávez Frías, en uniforme de campaña, aparece ante las cámaras de televisión, asume la responsabilidad absoluta del movimiento y solicita a sus compañeros deponer las armas, pues los objetivos no se han logrado, “por ahora”. La difusión televisada del mensaje convierte a Chávez en un personaje conocido y popular.
El presidente, en reunión del gabinete, resuelve suspender las garantías constitucionales y decretar el toque de queda. El 5 de febrero el Congreso convoca una reunión conjunta para considerar el decreto presidencial; las fracciones políticas convienen en no discutir los acontecimientos del día anterior y emitir un comunicado repudiando el intento golpista. No obstante, el senador Rafael Caldera, rompiendo la disciplina de partido, sin justificar la intentona, expresa que ella tiene, al menos, como pretexto el deterioro de la situación económica y social. Sus palabras son una crítica severa a la posición monolítica y conservadora de los partidos políticos: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer”.
Con su discurso, Caldera pone en el terreno civil la discusión sobre los males de la democracia y la situación del país. Obtiene de inmediato una gran popularidad, cuyos frutos recogerá en las elecciones de diciembre de 1993.
Humo en los ojos
El presidente Carlos Andrés Pérez designa un Consejo Consultivo, integrado por personalidades independientes. A inicios de marzo este Consejo entrega sus conclusiones al presidente. Presenta ideas, se pronuncia por una reforma constitucional. La crisis de Venezuela “era global, pero tenía especiales connotaciones en lo económico, social y ético”. El 5 de marzo, el presidente propone la reforma de la Constitución a fin de despejar el camino para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El 10 de marzo el Congreso decide la reforma de la Carta Magna. Todo va bien orientado. De pronto, en septiembre, la reforma pierde su impulso. No se logra el consenso necesario para seguir adelante con la propuesta de reforma.
El 27 de noviembre
En la madrugada del 27 de noviembre de 1992 los venezolanos son sorprendidos por una improvisada alocución televisiva en la que aparecen unos civiles llamando a la rebelión popular, un video casero del comandante Hugo Chávez y otro con el alto mando de la rebelión. Se trata de un nuevo intento de golpe de Estado, secuela del ocurrido el 4 de febrero. Los responsables de la rebelión son oficiales de alto rango: el general Francisco Visconti Osorio y los contralmirantes Hernán Gruber Odreman y Luis Cabrera Aguirre.
En la mañana bombardean el Palacio de Miraflores y algunas zonas de Caracas, pero el golpe dura poco. El general Visconti huye al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, lleno de soldados que no saben para dónde van.
250 millones, el golpe final
En febrero de 1989, antes de que fuera eliminado el control de cambios, el Consejo de Ministros autoriza una rectificación presupuestaria por la suma de 250 millones de bolívares a favor de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son cambiados a dólares. El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denuncia que aquellos recursos no tuvieron el uso debido. El Congreso inicia una larga y compleja investigación. Se comprueba que parte del dinero ha servido para financiar la seguridad de Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua. El Fiscal General de la República inicia un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia contra el jefe del Estado y sus ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, por malversación de fondos públicos.
El 20 de mayo la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el antejuicio. El Senado lo autoriza al día siguiente, en virtud de lo cual el presidente queda relevado del cargo. El presidente del Congreso, Octavio Lepage, se encarga del Poder Ejecutivo, según la Constitución.
El presidente Pérez es consignado al Retén Judicial de El Junquito.
La Corte Suprema de Justicia lo condena por malversación a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario, que cumple en su residencia. Por primera vez, desde 1958, un presidente de la República no logra concluir el mandato para el que fue electo.
Venezolanos en las Grandes Ligas
Los años 1980 son el escenario de un momento estelar para la presencia de los venezolanos en el béisbol de Grandes Ligas. En 1984 Antonio Armas, ídolo nacional de la fanaticada de entonces, logra la hazaña de batear 43 jonrones y de impulsar 123 carreras, convirtiéndose así en el jugador más útil de la Liga Americana. Es el primer venezolano en ganar un liderato de jonrones en una temporada de las Grandes Ligas.
Ese mismo año, Luis Aparicio es incorporado al Salón de la Fama, el máximo homenaje al que puede aspirar un pelotero profesional. Y un año después, en 1985, Oswaldo Guillén obtiene la distinción de Novato del Año de la Liga Americana jugando para los Medias Blancas de Chicago.
Desde entonces, en una tradición inaugurada por Alejandro Carrasquel en 1939 con los Senadores de Washington, el deporte rey en Venezuela ha consolidado la presencia cada vez más numerosa y destacada de jugadores locales en la gran carpa norteamericana. Aparicio, Armas y Guillén han sido seguidos en el tiempo por figuras como Galarraga, Omar Vizquel, Edgardo Alfonzo, Magglio Ordóñez, Bob Abreu y otros que a finales del siglo XX llegan a constituir un grupo aproximado de 40 venezolanos activos en una misma temporada.
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