La presencia de Ramón J. Velásquez en la primera magistratura tiene gran significación. Entre otras razones, porque se trata a un mismo tiempo de un testigo excepcional de más de medio siglo de actividad política y de un estudioso de la historia venezolana. Luego de haber sido uno de los presos políticos de Marcos Pérez Jiménez, secretario de la Presidencia de la República durante el gobierno de Rómulo Betancourt, senador independiente electo en las listas de Acción Democrática, ministro del primer gobierno de Rafael Caldera y presidente fundador de la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE), Velásquez reúne el respeto y el consenso suficientes para dirigir al país en su momento más crítico.
Fundador del Archivo Histórico de Miraflores y de la Biblioteca del Pensamiento Político Venezolano, una obra excepcional que ha organizado para la posteridad los documentos más importantes para el estudio del ideario político nacional, le corresponde por ironías o por casualidades de la historia, pasar de ser el autor de las famosas Confidencias imaginarias de Juan Vicente Gómez a ocupar el mismo lugar que alguna vez ocupara el enigmático general de La Mulera.
El 5 de diciembre de 1993 marca el fin del bipartidismo que, en procesos anteriores, llega a copar más del 95% de los votos entre AD y COPEI. Esta vez Rafael Caldera, a los 77 años, sin su partido y con lo que se llamó “el Chiripero” –Convergencia, MAS, MEP, PCV, Notables, etc.– recoge los frutos de su discurso del 4 de febrero de 1992. Caldera compite con su antiguo “delfín”, Oswaldo Álvarez Paz, de COPEI; con Claudio Fermín, de AD; con Andrés Velásquez, de La Causa R, entre una larga lista de aspirantes. Caldera obtiene 1.710.671 votos; Claudio Fermín, 1.325.256; Oswaldo Álvarez Paz, 1.269.888, y Andrés Velásquez, 1.232.653. Los demás candidatos suman 78.201 entre todos.
La abstención asciende al 39,85%, es decir que 3.859.579 electores no acuden a votar. Caldera es elegido bajo la promesa de que nunca acudiría al Fondo Monetario Internacional. No obstante, dos años después, en abril de 1996, lanza un programa de rectificaciones llamado Agenda Venezuela que, en concertación con los organismos multilaterales, promete actuar para restablecer los equilibrios macroeconómicos y disipar el general desasosiego desatado por una inflación galopante. Incremento en los impuestos, suspensión de los controles de cambio, liberación de las tasas de interés, disciplina del gasto público sin dejar de atender los reclamos indispensables del orden social, son los fundamentos de la Agenda. Ocho de cada diez venezolanos viven entonces en niveles críticos de pobreza.
Un difícil acuerdo tripartito entre Gobierno, trabajadores y empresarios conduce en 1997 a la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, acometiéndose una reforma estructural del régimen de prestaciones sociales. De acuerdo con la reforma, las prestaciones se calculan mensualmente y no al final del término laboral. Son creados cinco subsistemas de seguridad social: el de salud; el fondo de pensiones; paro forzoso; capacitación profesional; vivienda y recreación.
1994 se le cataloga, con mucha razón, como el año de la crisis financiera, la mayor que haya padecido Venezuela y también la mayor, proporcionalmente, acaecida en el mundo. Comienza con la intervención del Banco Latino y parecía que se contendría con la estatización del Grupo Latinoamericana Progreso, pero entre el 13 de enero y el 15 de diciembre se desploman más de una docena de instituciones. Pero este proceso no se contiene: febrero de 1995 comienza con la estatización de tres entidades más: Principal, Ítalo y Profesional.
Las instituciones auxiliadas y luego intervenidas en junio de 1994 son el Banco Amazonas, Bancor, Banco Barinas, Banco de la Construcción, Banco La Guaira, Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano y Sociedad Financiera Fiveca. Más tarde son estatizados el Banco de Venezuela (9 de agosto) y el Banco Consolidado (11 de septiembre). Como escribe Pedro Palma: “Al fin del proceso, un tercio de la Banca Comercial había sido afectada. Trece bancos, representantes del 37% de los depósitos totales del sistema, habían desaparecido, mientras otros, tradicionalmente percibidos como los bancos más sólidos, experimentaron un crecimiento de grandes proporciones al ser los receptores de buena parte de los depósitos de los bancos afectados”.
Esta crisis no es un episodio aislado y exclusivo, porque fenómenos parecidos ocurrieron en varios países latinoamericanos y europeos en diversos momentos. Lo efectivamente dramático son los desatinos en los que se incurrió en su manejo. Para aliviarla se entrega una suma gigantesca de recursos a la discreción de quienes de alguna manera la han causado. El sacrificio por parte del organismo asegurador (Fogade) es de alrededor de 10.000 millones de dólares, denominados en emisiones de moneda nacional, sin tener provisión de fondos y autorizados con el consentimiento del Banco Central de Venezuela.
El cierre abrupto de los bancos mencionados repercute en una contracción súbita del mercado de bienes y de trabajo; en la expansión desordenada del circulante que contribuye a depredar las reservas internacionales existentes y a generar inflación. Estos hechos tienen repercusiones traumáticas que profundizan el escepticismo y la pérdida de credibilidad en las instituciones.
Las incógnitas de Samana
En los anales policiales del período 1994-1999, el “caso Samana” ocupa lugar prominente. Un pago por 9.500.000 dólares por concepto de repotenciación de las fragatas misilísticas de la Armada venezolana es ordenado por el Ministerio de Hacienda a nombre de la compañía italiana Oto-Melara, titular de la deuda. Un misterioso fax indica que el monto se ha acreditado a cuenta de la compañía Samana. La compañía acreedora alegó no haber recibido el pago.
La apertura petrolera
Como complemento a la estrategia de internacionalización que viene aplicando, PDVSA inicia un proceso de apertura que comprende la búsqueda de fórmulas de participación del sector privado –nacional e internacional– o de otros Estados en sus segmentos de negocios. El proceso de apertura incluye convenios operativos, la exploración a riesgo y ganancias compartidas, asociaciones estratégicas para producir crudos en la Faja del Orinoco, desarrollar gas natural costa afuera y empresas mixtas.
Los convenios operativos, con una duración de 20 años, son concebidos para reactivar campos o aumentar el nivel de producción con inversiones adicionales en contratos con inversionistas y operadores privados. Entre 1992 y 1997 se firman, en tres rondas, 33 convenios con empresas de 14 países. La modalidad de exploración a riesgo y ganancias compartidas arranca en septiembre de 1994 con la selección de diez áreas para la exploración y producción de crudos livianos y medianos, y ya en 1996 se habían recibido ofertas en ocho de ellas con una inversión aproximada de 11.000 millones de dólares en 15 años. Las asociaciones estratégicas son concebidas para el aprovechamiento de las reservas de la Faja del Orinoco (hidrocarburos no convencionales).
La apertura petrolera constituye una preocupación fundamental de Luis Giusti durante su gestión en PDVSA y atrae importantes inversiones extranjeras, aunque algunos sectores, como Fundapatria, la objetan, prediciendo que significa la antesala de la privatización de la industria.
La crisis mundial de los precios del petróleo influye negativamente en el programa de apertura y este apenas si es llevado a cabo.
El 9 de febrero de 1996, el papa Juan Pablo II inicia su segunda visita a Venezuela. Esta vez inaugura en Guanare el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, bendice a los reclusos del demolido Retén de Catia, se reúne con representantes de la sociedad civil en el Teatro Teresa Carreño y oficia una misa multitudinaria en la Base Aérea de La Carlota. En este último acto el Papa se muestra conmovido por las piezas musicales interpretadas por un coro de 1.500 voces y una orquesta con 700 instrumentistas provenientes del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Sentimiento semejante expresará en el Teresa Carreño, donde Simón Díaz, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, le cantará la pieza "Tonada del Papa amigo", de su autoría.
Como prueba de los conflictivos tiempos que vive el país, un grupo de ancianos miembros del Comité de Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se aposta durante varios días consecutivos a las puertas de la Nunciatura Apostólica, donde reside el Papa durante su visita, para denunciar el incumplimiento de sus derechos por parte del Gobierno Nacional.
El 7 de mayo de 1995, en una ceremonia realizada en la plaza San Pedro del Vaticano, el papa Juan Pablo II lee el decreto que convierte a Laura Alvarado Cardozo, la madre María de San José, en la primera beata venezolana. El acto es seguido con gran júbilo por los venezolanos desde las 4 de la mañana a través de las pantallas de televisión. En todas las iglesias del país se realizan vigilias y un repique de campanas se hace escuchar en el instante en que el Papa autoriza el culto como beata a la religiosa nacida en Choroní.
En Maracay se realiza una gigantesca manifestación religiosa sin precedentes en el estado Aragua, donde millares de personas se reúnen en la avenida Bolívar y en los alrededores de la catedral y del Santuario de la Madre María de San José, para asistir a los actos litúrgicos y presenciar el esperado momento de la beatificación. A las 12 de la noche se estrena La misa de los trópicos, obra de Juan Carlos Núñez, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Maracay y dirigida por Teresa Hernández, con la participación de más de 200 músicos.
Al amanecer, aviones de la Fuerza Aérea Venezolana dejan caer una lluvia de flores sobre la ciudad.
“Es difícil penetrar en la mente de un condenado a muerte. Máxime cuando se trata de una estructura de concreto, sin alma y sentimientos, pero en el caso del retén de Catia se podía sentir, antes de su demolición, un silencio sepulcral que revelaba la presencia de los gritos y la desesperación que quedaron atrapados entre sus muros, como huellas de cientos de presos que envejecieron entre sus rejas.
Se cumplieron los dos segundos previstos para que la estructura del retén se desplomara. A la 12:55 p.m., el presidente de la República, Rafael Caldera, presionó el dispositivo de detonación, que le fue entregado por el director de CAVIM, general de brigada Rafael Hung Díaz.
Seguidamente se escucharon dos estruendos y, en un abrir y cerrar de ojos se esparció la enorme nube de polvo que se elevó sobre lo que fue ‘el infierno carcelario’.
Hubo miles de espectadores. Ni siquiera la visita de Juan Pablo II, quien bendijo a los reclusos (o a los policías que se hicieron pasar por estos) el año pasado, congregó a tanta gente (curiosos en su mayoría), quienes, además de las autoridades e invitados especiales, incluidos miembros del cuerpo diplomático, no ocultaron su impresión al ver ‘en vivo’, cómo se pulverizó la edificación.
Luego de disiparse el polvo, de las dos torres no quedaron sino los escombros. Lo único que permaneció en pie fue la edificación correspondiente al comedor.
El cordón policial se desvaneció y los curiosos, en veloz carrera cruzaron la autopista y otros accesos para llegar a las instalaciones del internado con el fin de llevarse (como sucedió con el muro de Berlín) piedritas y tierrita, quizá como recuerdo, o quién sabe si para ofrecerlas al mejor postor en escenarios de la economía informal. Entre el polvorín surcó el cielo una gran bandera de Venezuela, elevada por los globos multicolores que exacerbaron el efectismo del acto. Una vez se retiraron las autoridades del Ejecutivo, el Centro Simón Bolívar dio inicio a su celebración. Se repartieron pasapalos y bebidas a los invitados especiales, como si se tratara de una recepción social”.
En: Carla Delgado y Alexander Duarte. "Sólo el recuerdo quedará del 'infierno de Catia'", en El Nacional, 17 de marzo de 1997.
Para las elecciones presidenciales del 6 de diciembre se presentaron numerosas candidaturas. AD postuló a Luis Alfaro Ucero, Secretario General del partido y viejo dirigente sindical; COPEI respaldó la candidatura de Irene Sáez, exreina de belleza y exalcaldesa de Chacao, quien además contaba con su propia organización política (IRENE); el candidato del MVR fue Hugo Chávez Frías, apoyado por numerosas organizaciones de izquierda (MAS, PPT, PCV, MEP); Proyecto Venezuela, agrupación política surgida de Proyecto Carabobo, postuló a su fundador, el exgobernador del estado Carabobo Henrique Salas Römer. También se presentaron Alfredo Ramos por la Causa R, Miguel Rodríguez, exministro de Carlos Andrés Pérez; Claudio Fermín, antiguo militante de AD, así como otras candidaturas menores.
En las semanas previas a los comicios y frente a las estimaciones de las encuestas que daban como posible ganador a Hugo Chávez Frías, tanto AD como COPEI, abandonaron a sus respectivos candidatos y apoyaron al exgobernador de Carabobo Henrique Salas Römer.
Los resultados favorecieron a Hugo Chávez Frías, quien obtuvo el 56,20% de los votos, mientras que Salas Römer logró reunir el 39,97% del electorado. La abstención fue del 36,55%.
Los resultados electorales de 1998 confirman la crisis y el fin del bipartidismo que se había expresado en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 1993, en las cuales AD y COPEI, si bien logran mantenerse como fuerzas políticas nacionales, no tienen el respaldo mayoritario que había caracterizado los procesos electorales de 1983 y 1988, en los cuales obtuvieron más del 90% de los votos.
Luego de las elecciones presidenciales de 1998, surge como primera fuerza política electoral el MVR, la organización que obtuvo mayor número de votos en la alianza que apoyó la candidatura de Hugo Chávez. AD y COPEI mantienen su presencia política en el Congreso de la República, del mismo modo que otras organizaciones como el MAS, PPT, Causa R, Convergencia e IRENE.
El viernes 11 de diciembre de 1998 Hugo Chávez Frías es proclamado como presidente electo por el Consejo Nacional Electoral y el 2 de febrero de 1999 se juramenta ante el Congreso de la República como Presidente Constitucional de Venezuela para el período 1999-2003. Ese mismo día decreta la convocatoria de un referéndum consultivo que permita la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, para de esta manera dar inicio a lo que llamó la “refundación de la República”.
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