miércoles, 1 de febrero de 2023

La Gran Colombia 1821 - 1830

 


Nace la Gran Colombia


La creación de una república conformada por Venezuela, Nueva Granada y Quito significa la cristalización de los principios integracionistas de Simón Bolívar. Es el resultado de un proyecto de integración política tendiente a procurar aliados y obtener auxilios para la derrota definitiva del poder español.

La República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, es creada por Ley de 27 de diciembre de 1819 dictada en Angostura. El ordenamiento jurídico se encomienda a un Congreso Constituyente, que se instala en la villa del Rosario de Cúcuta el 6 de mayo de 1821. Concurren 57 diputados de Venezuela y Nueva Granada, entre los que destacan Félix Restrepo, Fernando Peñalver, Pedro Gual, Vicente Agüero, José Manuel Restrepo y Ramón Ignacio Méndez.

Mientras en Venezuela se desarrolla la campaña de Carabobo, en medio de encontrados debates acerca del sistema de gobierno el Congreso discute la Constitución. Al fin se impone la forma centralista preconizada por Bolívar y Antonio Nariño.

La Carta Magna, que se promulga el 30 de agosto, es adversada por los diversos sectores sociales: esclavistas y esclavos, pardos, militares y clero. Bolívar expresa su desacuerdo con los legisladores de Cúcuta.

En la primera Constitución de Colombia se consideran colombianos los nacidos en el territorio y sus hijos; los que estaban radicados en él al tiempo de la revolución si permanecen fieles a la independencia, y los extranjeros que adquieran carta de naturalización. El ejercicio del gobierno de carácter popular y representativo corresponde a los tres poderes clásicos. El Ejecutivo reside en un presidente y un vicepresidente, elegidos por las asambleas de provincia para un período de cuatro años. El gobierno cuenta con un Consejo, compuesto del vicepresidente y los secretarios del Despacho.

El Legislativo está compuesto por un Congreso integrado por la Cámara de Representantes y la de Senadores. El judicial reside en una Alta Corte, Cortes Superiores y Tribunales subalternos.

Se legisla sobre la organización interna de la república. Se designan intendentes para los departamentos y gobernadores para las provincias. Se establecen las garantías individuales conforme al modelo francés.

En su último artículo la Constitución establece que no podía ser reformada sino al cabo de diez años. Este artículo no llegó a cumplirse: en 1828, ante la crítica situación de Colombia, se reúne la Convención de Ocaña para reformarla. De igual modo, debido a las circunstancias que atraviesa la república, las atribuciones del Ejecutivo tienen escasa práctica. Bolívar disiente de la concepción del Ejecutivo y al respecto expresa: “El Ejecutivo de Colombia […] viene a ser un brazo débil del poder supremo, de que no participa en la totalidad que le corresponde, porque el Congreso se injiere en sus funciones naturales sobre lo administrativo, judicial, eclesiástico y militar”.

En opinión del historiador José Gil Fortoul, “la historia de la Constitución de Cúcuta será la historia de las violaciones”. Ella marcará el inicio de la crisis política que culminará con una exacerbación del “sentir” nacionalista de los venezolanos y conducirá a la desintegración de la Gran Colombia.


Se desmoronan las ilusiones


De acuerdo con la disposición del Congreso de Tunja, la Convención para reformar la Constitución de Cúcuta se reúne en Ocaña el 9 de abril de 1828. Asisten 67 representantes. Desde el comienzo, en la Asamblea se manifiestan dos tendencias políticas que identifican a los seguidores de Bolívar y los de Santander. Los venezolanos portan la bandera separatista, y por ende son aliados del grupo santanderista que apoya la federación. Consecuente con su pensar centralista, Bolívar escribe a Páez: “... la división es la ruina misma y la federación el sepulcro de Colombia”.

El 17 de abril se lee el Mensaje del Libertador, quien espera en Bucaramanga los resultados. El documento es una acerba crítica a la Constitución y las leyes de Colombia por sus deplorables efectos en el devenir de la nación. Concluye con la petición de “leyes inexorables”.

Se agudizan las diferencias entre los asambleístas y Santander replica reiterando su posición federalista, “único recurso para salvar las libertades nacionales”, afirmación que para el partido de Bolívar revelaba sus aspiraciones a sustituirlo en el poder supremo. Momento a momento las desavenencias se hacen más evidentes.

Los asuntos cruciales atañen al plan de confederación propuesto por Vicente Agüero en oposición al proyecto centralista avalado por José María Castillo y Rada. Del mismo modo se cuestiona la autoridad de Bolívar; la incertidumbre y el desaliento se generalizan. Por lógica, uno de los más afectados es el Libertador, quien le expresa a Pedro Briceño Méndez: “Desde el movimiento de Valencia, yo vi este país perdido y cada día lo veo acercarse al precipicio último”.

Tras el retiro de los bolivarianos, la Convención se disuelve. Este fracaso y la aguda crisis política tienen un peso determinante en el ánimo de Bolívar, quien en el declive de su vida acepta el poder dictatorial, apoyándose en el ejército de alto rango y en el clero, en medio de la exacerbación de sus contrarios. Un decreto del 27 de agosto reorganiza el Estado, a la cabeza del mismo el Presidente-Libertador y un Consejo que debía cuidar de la preservación de los derechos civiles.

El 25 de septiembre del mismo año Bolívar es víctima de un atentado, fraguado por militares descontentos, antibolivarianos y adversarios del poder dictatorial. Manuela Sáenz, “la libertadora de Libertador”, desempeña un papel estelar en el resguardo de la vida del héroe máximo. De sus resultas 14 conjurados sufren la pena de muerte. A Santander, por su ambigua conducta en el suceso, se le destierra al igual que a Pedro Carujo.


Se desintegra el sueño bolivariano


Casi veinte años, esfuerzos, vidas y fortunas consumidos en la liberación de los pueblos americanos parecen no ser suficientes para alcanzar la estabilidad e institucionalizar sus estructuras republicanas.

En Bolivia la reacción se expresa en motines y atentados contra los colombianos, incluyendo a Sucre, su primer presidente, quien solo desea retirarse a Quito y dedicarse a su esposa doña Mariana Carcelén y a su hija. Con él salen del sur los últimos soldados colombianos.

En Perú el descontento de quienes no quieren separarse de España logra resentir la liberación lograda por el ejército colombiano. Desconocen la autoridad de Bolívar y expulsan a Manuela Sáenz. Orientan planes para anexar a Bolivia, constituida por dos provincias del virreinato. Estas acciones son derrotadas por Sucre en Tarqui. El prodigio de mantener a Ecuador fiel a la unión colombiana es un logro de su presidente, el venezolano Juan José Flores.

Venezuela y Nueva Granada pugnan por disolver la entidad denominada Colombia. Conspiraciones encabezadas por sus beneméritos militares y clases dominantes: Páez en el departamento de Venezuela y Francisco de Paula Santander en el de Nueva Granada. El clima de enfrentamiento en Bogotá llega al extremo de intentar el magnicidio. Para ese entonces, Bolívar, mediante ágil metáfora, describe la situación “Estamos como por milagro sobre un punto de equilibrio casual, como cuando dos olas enfurecidas se encuentran en un punto dado y se mantienen tranquilas una en otra y en una calma que parece verdadera aunque instantánea”.

Los poderes regionales apenas sosegados por el triunfo sobre las armas españolas, reclaman con fuerza sus identidades, liderados por los caudillos emergentes y triunfantes. Con toda razón, en este momento de aparente calma, Bolívar dice, “temo más a la paz que a la guerra”. Militares licenciados de los ejércitos exigen el pago de sus haberes y sueldos, pero el tesoro público se encuentra exhausto y desarticulado. La nación no puede atender las demandas de los “beneméritos de la independencia [que] reclaman las reivindicaciones de sus lanzas”.





viernes, 27 de enero de 2023

Juan Vicente Gómez en el poder 1908 - 1928

 Apertura y perdón para consolidar el poder



Al asumir en propiedad la presidencia de la República (19-12-1908), Gómez procede a destituir a los jefes militares castristas y a apresar a los ministros que se mantuvieron leales a Cipriano Castro. Simultáneamente, la Alta Corte Federal inicia un juicio político contra Castro por un supuesto intento de asesinato contra el vicepresidente encargado de la Presidencia: Juan Vicente Gómez.

La base inicial de apoyo político de su régimen está en las tendencias anticastristas del Partido Liberal Amarillo implicadas en “La Conjura” y en la Revolución Libertadora. Para fortalecer este grupo, Gómez inicia una política de apertura interna hacia todos los presos políticos del castrismo e invita a regresar al país a los exiliados, tanto liberales como nacionalistas. Durante los años que median entre 1908 y 1913, el régimen se caracteriza por la restauración de la libertad de prensa, la amplitud y la tolerancia con todas las tendencias políticas del momento.

La primera de las reformas constitucionales auspiciadas por Gómez se hace en 1909; restablece los períodos constitucionales de cuatro años y crea el Consejo de Gobierno. Este forma parte del Poder Ejecutivo, junto con el presidente de la República y sus ministros; participan en este organismo los principales líderes del liberalismo amarillo y del nacionalismo que decidieron apoyar al nuevo régimen. El 25 de abril de 1910 el Congreso nombra a Gómez general en jefe de los ejércitos venezolanos, y el 27 del mismo mes lo elige presidente constitucional de Venezuela para el período 1910-1914.

En cuanto a las relaciones diplomáticas, el régimen se caracteriza desde el inicio por la intención de no inmiscuirse en los conflictos latinoamericanos y mantener las mejores relaciones con todos los países vecinos. En tal sentido, deja sin efecto las sanciones acordadas contra la New York & Bermúdez Co. por los tribunales venezolanos, restablece las relaciones diplomáticas con Colombia, e inicia el arreglo de las diferencias mantenidas con Francia y Holanda por el régimen de Cipriano Castro.


El autoritarismo muestra su rostro


Un año antes de terminar el período constitucional, Gómez decide continuar en el ejercicio del poder, lo que produce la primera crisis política de su largo período como dueño del país. Esta situación marca la ruptura definitiva con los líderes y caudillos del liberalismo, quienes desde ese momento pierden relevancia y desaparecen del escenario político nacional. Debido al enfrentamiento, algunos de los miembros del Consejo de Gobierno se ven obligados a abandonar el país; Gómez decreta turbado el orden público y, por lo tanto, suspende el proceso electoral, alegando una supuesta invasión de Cipriano Castro.

Para dar por terminado el deslinde con los caudillos, Gómez parte a la ciudad de Maracay y su falta temporal en la presidencia es suplida, como lo pauta la Constitución Nacional, por el entonces presidente del Consejo de Gobierno, José Gil Fortoul. Mientras estos sucesos transcurren, el ministro de Relaciones Interiores, César Zumeta, promueve la reunión en Caracas de un Congreso de Plenipotenciarios de las Municipalidades, con el objetivo de reformar nuevamente la Constitución. Este Congreso redacta un Estatuto Constitucional Provisional que debe regir mientras se promulga la nueva Constitución; decide nombrar presidente provisional de la República a Victorino Márquez Bustillos y comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales a Gómez. Asimismo, dispone que las autoridades provisionales se mantengan en sus cargos hasta que se sancione la nueva Constitución.

La Carta Magna queda lista en junio de 1914 y alarga el período presidencial de cuatro a siete años. De acuerdo con las nuevas pautas constitucionales, el Congreso Nacional elige a Gómez presidente constitucional para el septenio 1915-1921, pero este no llega a tomar posesión del cargo, creando así una confusión legal-constitucional durante todo el período ya que existen dos presidentes: uno provisional –Márquez Bustillos–, que atiende en la capital de la república los problemas administrativos, recibe embajadores, convoca sesiones al Congreso, y uno electo –Gómez–, que no toma posesión del cargo y vive en la ciudad de Maracay, desde donde decide las principales cuestiones políticas que luego Márquez Bustillos ejecuta en Caracas.


Las Fuerzas Armadas se modernizan y el Gobierno se militariza


Una de las reformas más importantes emprendidas durante el régimen de Gómez es la de las Fuerzas Armadas Nacionales, la cual se inicia en 1910 con el objetivo de convertir al Ejército nacional en una fuerza homogénea, moderna y altamente técnica. La reforma coincide con los centenarios de las principales efemérides patrias, lo que contribuye a cohesionar doctrinal y políticamente al ejército. Los hitos más importantes de esta reforma son los siguientes:

1910. Se inicia el funcionamiento de la Academia Militar que había sido creada en 1903 y, dentro de ella, la Escuela Náutica (después llamada Escuela Naval). Se crea la Escuela de Aplicación Militar para oficiales en servicio activo, con la finalidad de que actualicen sus conocimientos militares.

1913. se crea la Oficina Técnica Superior, encargada de la elaboración de la doctrina militar, la organización y la instrucción del ejército.

1920. Se crea la Escuela de Aviación Militar. Es instalada en Maracay e inaugurada el 1 de enero del año siguiente.

1923-1930. Se aprueba un nuevo Código Militar que sustituye toda la legislación militar anterior y responde a la nueva situación política y militar del país. Este proceso va acompañado de la modernización de la infraestructura, la dotación de armamentos, equipos, uniformes y un crecimiento sostenido del presupuesto militar, hecho que es posible gracias a los ingresos petroleros. La reforma tiene una marcada influencia alemana. Ello se debe, esencialmente, a que el ejército prusiano es el más moderno de la época y, en este sentido, se ha convertido en modelo internacional.

La más importante consecuencia política de esta reforma es la derrota militar y política del caudillismo, convertido después de 1913 en antigomecista. Desde 1914 Gómez retuvo siempre el cargo de comandante en jefe del Ejército, incluso cuando no ejercía la Presidencia de la República.

El poder básico de sustentación del régimen después de 1913, una vez excluido el liberalismo amarillo y el nacionalismo, es el estamento militar, el cual se convierte en un elemento represivo fundamental para garantizar el orden público y el progreso nacional.


Una revolución administrativa

En 1912 Gómez le solicita a Román Cárdenas, ingeniero tachirense, que asuma el Ministerio de Hacienda. Cárdenas, en un acto de inusual modernidad, pide autorización para ir a Londres a estudiar finanzas públicas y, finalizados los estudios, toma posesión del cargo el 3 de enero de 1913. Su labor al frente de este ministerio significa un cambio profundo en los hábitos administrativos dominantes hasta el momento y el inicio de la hacienda pública contemporánea, hasta entonces inexistente, estableciendo una vigilancia centralizada y la responsabilidad directa del Estado en la recaudación de sus tributos.

En su exposición ante el Congreso Nacional en 1914, Cárdenas resume los objetivos de la reforma que se propone reducir la carga impositiva de los impuestos aduaneros; hacer menos gravoso para el Estado el proceso de recaudación de las rentas; incrementar el control y la vigilancia del sistema de rentas; y aumentar y diversificar las fuentes rentísticas. Para lograr esos objetivos se realizan importantes reformas, como el establecimiento de la unidad del tesoro público y del presupuesto (no se distingue el origen de la renta, sino que todo va a un fondo común); la separación de la función liquidadora de la recaudadora, y la organización de la función inspectora como instancia independiente.

La consecuencia política inmediata de la reforma Cárdenas se concreta en los efectos de la centralización de los ingresos fiscales. Esto asesta un duro golpe económico al caudillismo, vivo aún en la figura de los presidentes de los estados. Hasta la reforma Cárdenas, buena parte de las rentas internas de la nación provienen de los estados; solo que el presidente del estado interviene en el registro de las mismas y se apropia de una parte de ellas. Cárdenas acaba con este sistema al centralizar las rentas internas. Para 1922 el incremento de estos ingresos habla por sí mismo: 122% en licores, 196% en cigarrillos, 412% en estampillas.


La Primera Guerra Mundial castiga la economía


A partir de 1914 la economía venezolana entra en crisis como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Los grandes compradores de las materias primas venezolanas están combatiendo entre sí; debido a ello, caen drásticamente nuestras exportaciones y con ellas los ingresos. Gómez se ve en la necesidad de reducir los sueldos de los empleados públicos en un 25% y seis meses más tarde en otro 25%. Así, el sueldo del presidente de la República queda en 1.500 bolívares mensuales y el de un ministro en 900.

Finalizada la guerra, la economía nacional comienza a recuperarse: a partir de los años 1920 los ingresos petroleros empiezan a generarle al Estado venezolano una riqueza desconocida hasta entonces.


Política vial y urbanismo


Durante el régimen de Gómez se lleva a cabo una política vial fundamentada en la integración de los caminos existentes y la construcción de obras de gran envergadura para el momento. Se construyen tres grandes sistemas tomando como centro a la ciudad de Caracas: la gran carretera Occidental, o carretera Trasandina, que une a las ciudades de Caracas y San Cristóbal con una longitud de 1.529 km; la gran carretera del Sur, entre las ciudades de Caracas y San Fernando de Apure, con una longitud de 490 km; y, la gran carretera Oriental, de Caracas a Ciudad Bolívar con una longitud de 800 km.

En lo que respecta a los estados andinos, se decretan las “carreteras centrales” que tienen por objetivo unir a las capitales de los estados con los terminales de las vías férreas. Estas fueron las del Táchira hacia Colón; Mérida hacia El Vigía y Trujillo hacia Motatán. La aparición y el auge del automóvil establece la necesidad de integrar un sistema nacional de vialidad con Caracas como centro.

En 1927 se inicia el proceso de electrificación de la línea del ferrocarril Caracas-La Guaira, para lo que se adquirieron seis locomotoras y cuatro trenes tipo autovías. Hasta entonces solo el tramo Caracas-Petare del ferrocarril Central funcionaba con electricidad, servicio oficialmente inaugurado en 1906.

El impacto de la explotación tiene consecuencias urbanísticas en los estados donde se asienta el negocio petrolero. Zulia, Maracaibo en particular, vive durante las décadas de 1920 y 1930 una auténtica transformación, determinada por la necesidad de realizar reformas que adecuen los servicios de la entidad a las demandas surgidas como consecuencia de la instalación de las compañías petroleras en la cuenca del lago de Maracaibo: se pavimentan las calles, se instalan sistemas modernos de cloacas, se mejoran los puentes, se remozan los sitios más atractivos de la ciudad.

Otra ciudad que se renueva durante el gomecismo, aunque por causas distintas, es Maracay. Su auge urbanístico es consecuencia del gusto de Gómez, quien la usa como residencia en numerosas ocasiones. Su mera presencia desata cambios que en casi todos los casos dependen de las inclinaciones del gobernante hacia ciertas actividades de esparcimiento: el hipódromo (1911); el circo-teatro (1912); la Asamblea Legislativa del estado Aragua (1917); la Escuela de Aviación Militar (1920); la plaza Bolívar (1930); el Hotel Jardín, hoy sede de la Gobernación, y la Plaza de Toros (1933).

Nace una nueva oposición


Nace una nueva oposición


La duración del régimen de Juan Vicente Gómez y su aparentemente inalterable funcionamiento, contribuyen a crear una imagen asociada a una paz interna y a un orden público absolutos. Nada más alejado de la realidad. Varias generaciones de venezolanos se le enfrentan, y son tantas que para algunos historiadores es el régimen que ha soportado la más tenaz y sostenida oposición en la historia de Venezuela.

La oposición puede clasificarse en dos grupos: la oposición “tradicional” y la “moderna”.

La oposición tradicional la ejercen caudillos liberales amarillos y nacionalistas que buscan derrocar a Gómez. Se trata de un tipo de oposición con características comunes: no conforma ningún partido político distinto al Liberal o al Nacionalista, es expresión de las viejas pugnas regionales y personalistas que vienen del último tercio del siglo XIX, y se manifiesta a través de los medios más comúnmente usados por los partidos históricos y los caudillos: alzamientos locales, invasiones, conspiraciones, etc. A su vez, dentro de ella se pueden distinguir la oposición castrista, conformada por los intentos de retorno al poder liderados por Cipriano Castro; la liberal amarilla, que se pronuncia después de su rompimiento con Gómez en 1913; la nacionalista, desatada por el rompimiento de “El Mocho” Hernández con Gómez (1910); y la antiandina, que, identificando a Gómez con la “barbarie”, visualiza el enfrentamiento en términos de la “tradición política venezolana” (liberales y conservadores) y la “barbarie andina”.

Por último, se encuentran aquí los “grupos de transición”, un conjunto heterogéneo de manifestaciones cívicas y militares que, enfrentadas a los viejos caudillos o colaborando con ellos, mezclan proposiciones políticas tradicionales con posturas nuevas.

La oposición moderna, por su parte, abarca aquellos pronunciamientos que, a partir de 1918, postulan proposiciones y estrategias políticas distintas. Sus características son las siguientes: no es una oposición personalista, en el sentido de que no está liderada por caudillos; sus vínculos con el liberalismo amarillo o el nacionalismo son circunstanciales y se rompen a partir de 1929; sus proyectos llevan a la fundación de nuevas agrupaciones políticas; no expresa antiguas rivalidades regionales; concibe los problemas del régimen en términos políticamente avanzados; es eminentemente urbana y los actores involucrados provienen de la clase media y media alta; aspiran a llegar al poder mediante medios novedosos: creación de nuevos partidos políticos, fundación de sindicatos y de organizaciones corporativas que sirvan para penetrar las masas populares e infundirles conciencia de clase.

En esta oposición se ubican la fundación del Partido Revolucionario Venezolano (PRV), en 1927; los sucesos de la Semana del Estudiante, en 1928, y la Fundación de ARDI, en 1931, y del Partido Comunista de Venezuela (PCV), hacia el mismo año.


Epidemias y salud pública


Durante la época gomecista se logran avances importantes en la investigación científica orientada al control de las epidemias y al mejoramiento de la salud pública. En esta materia, la historia anterior del país es aterradora: una mortífera epidemia de sarampión (1851) azota a Caracas dejando 1.309 muertes; la gran epidemia de cólera (1854-1857); epidemias de fiebre amarilla en distintas zonas del país (1853, 1877, 1887, 1888, 1889, 1894, 1895), epidemias de tosferina (1850), viruela (1898), peste bubónica (1908); la pandemia gripal, cuya última manifestación es de 1918, cuando se propaga la “gripe española”, que cobra 25.000 vidas.

En 1913 el doctor Luis Razetti publica su versión del Manual del antialcoholismo, el cual contribuye a combatir el alcoholismo crónico. Ese mismo año se crea la Escuela de Enfermeras, dirigida por el doctor Francisco Antonio Rísquez.

En 1914 se abre el primer Sanatorio Antituberculoso dirigido por el doctor Andrés Herrera Vegas en Los Teques y se inicia el tratamiento de la tuberculosis por el neumotórax por el doctor Ángel Larralde. En 1916 los doctores Juan Iturbe y Eudoro González descubren el huésped intermediario de la bilharzia y de la leishmaniasis. En 1919 el doctor Enrique Tejera descubre el agente causante de la enfermedad de Chagas. En 1920 el mismo doctor Tejera descubre en París el tripanosoma rangeli, bautizado así en honor a Rafael Rangel.

A partir de 1917 se fundan varios hospitales públicos en el interior (Upata, 1917; San Fernando de Apure, 1918; Caracas, 1919; El Tocuyo, 1919; Tumeremo, 1920; Valera, 1922; San Cristóbal, 1927). En 1923 se promulga una Ley de Sanidad Nacional junto con una serie de reglamentos complementarios. Pero, a pesar de estos avances, indiscutibles si se comparan con el panorama del siglo anterior, en 1925 el doctor Razetti expone en la Academia Nacional de Medicina un trabajo en el cual describe la espantosa mortalidad de los venezolanos a consecuencia de las enfermedades endémicas. En 1935 Venezuela cuenta con 51 hospitales y el promedio de vida de los venezolanos es de 35,7 años.


Caudillismo filosófico


El pensamiento positivista domina visiblemente la reflexión de las élites científicas y humanistas durante el gomecismo. El positivismo venezolano toma del evolucionismo sus principales aspiraciones intelectuales y categorías analíticas: el empirismo, el organicismo, las ideas de raza, especie, adaptación al medio ambiente y, sobre todo, la idea de evolución aplicada, bien sea en la observación del medio natural o en la del medio social. Del positivismo hereda su cientificismo, su empirismo y su postura epistemológica centrada en el rechazo a los juicios de valor y la búsqueda de la objetividad.

En el contexto venezolano predomina visiblemente el positivismo evolutivo, que mezcla ambas corrientes. Tiene manifestaciones importantes en disciplinas muy disímiles, como las ciencias naturales, la medicina, la literatura, el derecho, la sociología, la antropología, la etnografía, la historia y la política. El positivismo y el evolucionismo forman parte de la manera de pensar de las élites vinculadas a los regímenes de Cipriano Castro y Gómez. Desde el punto de vista político, la teoría del caudillismo, sostenida por Laureano Vallenilla Lanz, Pedro Manuel Arcaya y José Gil Fortoul, es la principal y más original creación del pensamiento político positivista venezolano y sirve de base filosófica y política destinada a legitimar el régimen de Gómez. En efecto, las principales campañas políticas destinadas a la defensa y justificación del gomecismo, emprendidas desde el periódico El Nuevo Diario por Laureano Vallenilla Lanz, se realizan con las armas teóricas aportadas por su teoría del caudillismo.

De entre esos intelectuales, Gómez escoge a los más brillantes para integrar sus gabinetes ministeriales o desempeñar altos cargos diplomáticos. Pedro Manuel Arcaya, José Gil Fortoul, César Zumeta y Laureano Vallenilla Lanz, son algunos de los elegidos.


Asesinato de Juancho Gómez


La figuración política de Juan Crisóstomo Gómez, también conocido como Juancho Gómez, comienza después del golpe de Estado del 19 de diciembre de 1908, cuando su hermano Juan Vicente lo nombra gobernador del estado Miranda. Aunque no es militar de profesión, en los documentos oficiales se le da el título de general. A raíz de la reforma constitucional de 1922 que crea dos vicepresidencias, Juancho Gómez es nombrado primer vicepresidente y José Vicente Gómez –hijo de Juan Vicente–segundo vicepresidente.

El 30 de junio de 1923 Juancho Gómez es asesinado en el Palacio de Miraflores. El dictador culpa del hecho a la oposición, pero la opinión pública lo interpreta como un crimen familiar, producto del enfrentamiento entre hermano e hijo del Benemérito por pretensiones dinásticas, que dividía a los allegados al régimen entre “juanchistas” y “vicentistas”. Como autor material es señalado el capitán Isidro Barrientos, miembro de la Guardia de Miraflores y un pariente cercano de este, quien era criado de confianza de Juancho Gómez. Ambos son condenados a 20 años de presidio y posteriormente sacados de la cárcel y asesinados.


Muere Gómez


Los tres últimos años de la vida de Juan Vicente Gómez abundan en rumores acerca de su salud, los cuales, en la mayoría de los casos, parecen corresponder a propaganda política de la oposición. Su estado general es el de los trastornos propios de la edad y no es sino hasta 1934 cuando el dictador comienza a padecer problemas prostáticos. Su vida transcurre tranquilamente en Maracay, en donde recibe visitas de todo tipo, mientras continúa adquiriendo bienes inmuebles. Entre 1932 y 1934, por ejemplo, se reseña que compró 43 casas en Maracay, 12 haciendas y una casa en Ocumare de la Costa, seis haciendas en la zona de Güigüe, dos hatos en Cojedes, 13 casas y un potrero en San Juan de los Morros, y una serie de propiedades en su estado natal.

Desde el punto de vista político y administrativo, las responsabilidades cotidianas del Gobierno descansan en el gabinete, el cual trata de adoptar medidas que permitan superar los efectos de la crisis mundial de 1929. Se espera que la muerte de Gómez ocurra de un momento a otro y las conjeturas sobre su salud son constantes, pero el general demuestra ser un anciano lúcido, que controla el régimen, con aparente buen estado de salud y sin intenciones de dejar el poder.

A finales de noviembre de 1935 comienzan los rumores en Caracas y Maracay de que Gómez está enfermo; aunque no hay comunicados oficiales informando del hecho, ya se sabe que padece complicaciones vinculadas con la próstata. Las noticias de su estado de salud tienen consecuencias inmediatas: compras masivas de dólares, tanto por parte de los bancos como de particulares y de las compañías petroleras, y la decisión de los ministros del gabinete de abordar el problema de la sucesión.

El 7 de diciembre el ministro de Relaciones Exteriores informa oficialmente al cuerpo diplomático sobre la delicada salud del presidente. Mientras tanto, el paciente se mantiene aislado en Maracay, recibiendo solamente las visitas de sus familiares.

El 15 de diciembre cae en coma; el ministro de Guerra y Marina, general Eleazar López Contreras, toma algunas medidas de orden militar para salvaguardar el orden público. El gabinete redacta un Acta de designación del encargado del Poder Ejecutivo, sin fecha, en la cual se nombra a Eleazar López Contreras como nuevo presidente de la República. Gómez muere el 17 de diciembre de 1935.

 


La Gran Venezuela 1973 - 1983

 1973 - 1983

El hierro y el petróleo son venezolanos






En 1974 entra en marcha el Plan de Ampliación (Plan IV) de la Siderúrgica del Orinoco en busca de la modernización de las instalaciones, a fin de aumentar la producción de acero crudo y la capacidad de las laminadoras. Todo ello, bajo la estrategia de industrialización del país con el fin de disminuir la dependencia del ingreso petrolero.

El Estado se reserva la industria del hierro el 1 enero de 1975. El anuncio lo hace el presidente Carlos Andrés Pérez en Ciudad Guayana. Las concesiones quedan extinguidas y se crea la compañía estatal Ferrominera del Orinoco, que sustituye a las compañías privadas extrajeras Orinoco Mining y Iron Mining Co., las cuales previamente firman un convenio con la Corporación Venezolana de Guayana.

La abundancia de ingresos fiscales permite nacionalizar la industria petrolera. El 22 de marzo de 1974, el presidente crea una comisión para estudiar el adelanto de la reversión de las concesiones petroleras pautada por ley para el año 1983.

La comisión presenta un anteproyecto de ley de nacionalización de la industria petrolera que con modificaciones es sometido a la consideración del Congreso Nacional. El artículo 5 del proyecto, que permite al Estado determinados tipos de asociaciones con capital internacional y privado, resulta uno de los más controvertidos en la discusión parlamentaria. También todo lo referido a la indemnización de las compañías petroleras es objeto de prolongadas discusiones. El 29 de agosto de 1975 se promulga la ley que contempla la extinción definitiva de las concesiones a partir del 31 de diciembre de 1975. El 1 de enero de 1976 el presidente Pérez desde Zumaque, en la costa del lago de Maracaibo, donde comenzó la explotación de petróleo, anuncia la nacionalización de la industria.

En agosto de ese mismo año se crea la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que se encarga de todas las operaciones petroleras en el país; las concesionarias privadas cambian sus nombres y pasan a ser filiales de la empresa matriz.


lunes, 3 de mayo de 2021

Carabobo, la libertad de Venezuela 24 de Junio de 1.821


 Carabobo, la libertad de Venezuela

La firma del armisticio de 1820 favorece los planes de Bolívar con miras a la liberación de Venezuela. Con prontitud, a fin de negociar la paz y el reconocimiento de la República, el Libertador designa como plenipotenciarios ante la Corte española a José Rafael Revenga y a José Tiburcio Echeverría, gobernador de Bogotá.

Al poco tiempo Maracaibo, que había permanecido leal a la monarquía, es ocupada por Rafael Urdaneta y reconoce a Colombia. Este suceso rompe el armisticio y de mutuo acuerdo la guerra se reinicia el 28 de abril de 1821.

Para enfrentar a los realistas, el Libertador planifica la reunión de su ejército con los de José Antonio Páez y Rafael Urdaneta en el centro del país. La movilización de las tropas hasta San Carlos dura un mes. En total se concentran 6.500 hombres provistos de armamento, cabalgaduras y provisiones. Por otro lado, el general José Francisco Bermúdez debe atacar a Caracas para impedir la unión de las tropas realistas.

Las fuerzas de Miguel de la Torre suman 4.279 combatientes. El 24 de junio de 1821, en la llanura de Carabobo, se enfrentan los dos bandos. Bolívar confía la jefatura de las divisiones a Páez, Manuel Cedeño y Ambrosio Plaza; el Jefe del Estado Mayor es Santiago Mariño. Figuran también Pedro Briceño Méndez, el responsable de la logística; Diego Ibarra, Daniel Florencio O’Leary, Tomás Farriar, valerosos llaneros y oficiales extranjeros. El Libertador dirige la batalla desde las colinas de Buenavista.

La acción se decide a favor de los republicanos; dos de los jefes de división mueren en la contienda, y en el mismo campo de Carabobo se otorga a Páez el título de General en Jefe. La denodada participación del Batallón Británico y del Batallón Valencey tiene que ser registrada por igual. El teniente Pedro Camejo, a quien por su bravura llaman Negro Primero, ingresa por propios méritos en la orden de los héroes.

En carta al Congreso de Colombia Bolívar califica de espléndida la victoria y solicita honores para Cedeño y Plaza.

Los realistas se dirigen a Puerto Cabello; los republicanos ocupan Valencia, y Bolívar, en compañía de Páez, marcha a Caracas donde entra el 29 de junio. Al triunfo de Carabobo le suceden la rendición de La Guaira, la toma de Cumaná y la capitulación de Cartagena.

A mediados de 1823 quedan libres las provincias de Coro y Maracaibo; en noviembre del mismo año Páez ocupa Puerto Cabello, última plaza realista en Venezuela.

El éxito de Carabobo repercute en beneficio de los proyectos de libertad de Bolívar y del prestigio e influencia político-militar de Páez.









Una nación en la encrucijada 1983 - 1993


Mayoría absoluta, señales borrascosas

El 2 de febrero de 1984 Jaime Lusinchi asume la Presidencia de la República ante el Congreso Nacional, donde su partido Acción Democrática tiene una sólida mayoría de votos. Aunque ha llegado a la primera magistratura en hombros de una aplastante mayoría que le otorgó 1.478.010 votos más que a su inmediato contendor, el expresidente Caldera, debe gobernar en tiempos difíciles. Un año atrás el bolívar ha sido devaluado y se ha establecido el control de cambios, lo que representa un claro síntoma del debilitamiento de la economía basada en la renta petrolera.

En su primer mensaje a la nación, Lusinchi promete un programa de gobierno centrado en los fundamentos de la “democracia social”. Pero, por sobre las promesas y novedades que puede presentar, tanto el país como la comunidad internacional concentran su atención en los pronunciamientos del nuevo presidente con respecto a la deuda externa, pública y privada, cuyo peso sobre su gobierno reduce notablemente la posibilidad de encontrar soluciones para la coyuntura que tiene por delante. A sabiendas de que es imprescindible una pronta definición, dice en su mensaje: “Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo”. Este problema deja una huella profunda en su administración.

El 24 de febrero, el presidente Lusinchi precisa su política económica. En materia monetaria varía el esquema impuesto por el gobierno precedente. “Se establecen cuatro tipos diferenciales de cambio: a) el de Bs. 4,30 por dólar (fijado por la administración de Herrera Campins) se prorroga hasta diciembre de 1985, otorgado para el pago de cuotas de capital de las deudas externas, para los estudiantes en el exterior y para medicinas y alimentos especificados en resolución del Ministerio de Hacienda; b) el de Bs. 6 por dólar para la venta de divisas de los sectores petrolero y del hierro; c) el de 7,50 para las transacciones comerciales y financieras, privadas o públicas; y d) el "dólar fluctuante", cuyo tipo de cambio será fijado por el libre juego de la oferta y la demanda. Anuncia una drástica baja de las tasas de interés; fija una política laboral compensatoria del bajo nivel de vida y ordena a los ministros reducir los gastos de funcionamiento de sus despachos. Con estas medidas intenta corregir los efectos inmediatos de la situación. Más adelante presentará propuestas de mayor alcance, a las que el éxito les fue esquivo.


Intentos fallidos

En septiembre de 1984, desde Nueva York, a donde viaja para intervenir ante la Asamblea General de la ONU, el presidente anuncia que se ha logrado un acuerdo con la banca internacional para el financiamiento de la deuda externa. “El Presidente recalcó la onerosa cifra de los compromisos, que se ubica en los Bs. 175.000 millones (al cambio de entonces), un endeudamiento contraído en muchos casos al margen de la ley, y reiteró la exigencia de que se estableciera la verdad sobre los mismos”.

En 1986 y 1987 se suscriben acuerdos de refinanciamiento, coincidiendo con la baja de los precios del petróleo, lo cual obliga al Gobierno a postergar los pagos por concepto de amortización de la deuda. El acuerdo de febrero de 1987, que es anunciado como “el mejor refinanciamiento del mundo” refleja una posición débil por parte de Venezuela, pues no obtiene años de gracia como sí lo lograron otros países; México, por ejemplo. Por añadidura, los pagos a los que quedamos comprometidos producen una cuantiosa contracción de las reservas internacionales de divisas. Busca plazos más largos e intereses más bajos, pero las condiciones en las que se negocia no permiten que esto sea posible. Como siempre, la debilidad de los deudores es aprovechada por los acreedores y en este caso resulta así a pesar de las laboriosas negociaciones llevadas a cabo. Entre 1983 y 1987, Venezuela pagará cerca de 30.075 millones de dólares a los acreedores.

En noviembre, el ministro de Cordiplan, Luis Raúl Matos Azócar, presenta el VII Plan de la Nación. Este suscita fuertes críticas y, en particular, el rechazo del sector empresarial, que lo considera inapropiado. El Plan propone un camino consensual, el Pacto Social, y la reestructuración del Estado. El cambio propuesto parece ir por buen camino, pero su instrumentación no convence a sectores decisivos.

El ministro Matos Azócar sale del Gobierno y el VII Plan es sustituido por el llamado Plan Trienal de Inversiones, más modesto en sus alcances, pero viable. En 1984 se trata de revitalizar el sector agrícola mediante una política de incentivos: este sector crece a una tasa de 6,3% anual entre 1984 y 1988, en tanto el resto de la economía lo hace al 4,2%.


Alerta bancaria

Algunos indicadores vienen produciendo preocupaciones acerca de la vulnerabilidad de la economía desde 1983, cuando se devalúa el bolívar y se establece el control de cambios. La cuestión bancaria se torna delicada, a lo que contribuye una cierta debilidad de los controles estatales. La banca va dejando de lado su papel de intermediación financiera y se aventura en inversiones que a la larga resultan riesgosas. Se habla de especulación con fondos del público, de alta morosidad de los deudores, de negocios desacertados y de balances insinceros.

En marzo de 1985 es intervenido el Banco de Comercio, al comprobar la existencia de irregularidades en sus operaciones por Bs. 2.000 millones y detectar una aguda falta de liquidez para atender a sus compromisos inmediatos de caja. Julio de 1987 depara otra sorpresa en el mundo financiero: se declara en quiebra el Banco Tequendama.

El 22 de marzo de 1985 el Gobierno promulga la ley mediante la cual se crea el Fondo de Garantía y Protección Bancaria –conocido posteriormente como Fogade–, que garantiza hasta un límite predeterminado los depósitos recibidos por la banca comercial. Este es el organismo que más tarde, en la grave crisis bancaria de 1994, auxilia a los bancos en problemas y participa efectivamente en el rescate de las cifras que garantizan a los depositantes.


Blanca Ibáñez es un problema político

Blanca Ibáñez es un foco de poder ejercido desde la secretaría privada del presidente Jaime Lusinchi, escribe Simón Sáez Mérida en la revista Al Margen en enero de 1987. Para entonces, Luis Piñerúa ha abierto desde el Comité Ejecutivo de Acción Democrática un boquete en la moral adeca, amenazando con una “lista de corruptos”.

La actuación de Ibáñez queda para la historia en innumerables fotos y artículos críticos: vestida de militar en el marco de la tragedia del río Limón, estado Aragua; hija adoptiva de La Grita; acusada de irregularidades en el complejo habitacional Juan Pablo II, en la urbanización Montalbán, en Caracas; rechazada en el palacio de Moncloa por aquello del barraganato. Un columnista define a Ibáñez como “la mujer con más poder político en el siglo XX venezolano”.


Los escándalos de Recadi

El manejo discrecional y el tráfico de influencias en el otorgamiento de divisas extranjeras –vigente desde la fundación de Recadi– da pie a innumerables actos de corrupción, favoritismos y ventajismos de variada naturaleza. Este ha sido calificado como uno de los escándalos administrativos más grandes del país.

Aun cuando las denuncias son abundantes al despuntar el nuevo gobierno en 1989, la cuestión no pasa de una gran algazara, pues los denunciantes se retractan o no presentan pruebas de los casos cuyas irregularidades han sido recogidas por la prensa.


La Reforma del Estado

El 17 de diciembre de 1984 es creada la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), en consecuencia con el VII Plan de la Nación, en cuyo enunciado parece anunciarse como próximo paso. Según se expresa en el decreto, se irá a un “Estado moderno, esencialmente democrático y eficiente, en el cual los postulados de la Constitución adquieran plena vigencia y la participación ciudadana constituya un elemento efectivo en la toma de decisiones de los poderes públicos”. Ramón J. Velásquez es designado presidente de la COPRE. Se inicia un vasto proceso de consultas a distintos sectores de la sociedad para recoger sus opiniones y sugerencias. A resultas de esto, la COPRE logra una amplia aceptación y consigue el respaldo de diversos grupos de opinión. A finales de 1985 comienzan a ser presentadas las propuestas: “Lineamientos generales para una política de descentralización territorial en Venezuela”; “Reformas inmediatas del Poder Judicial”; “Propuesta para impulsar el proceso de descentralización en Venezuela”; “Lineamientos generales para una nueva estrategia económica para Venezuela”.

Un documento producido por este organismo, “Propuestas para reformas políticas inmediatas”, es rechazado por el Gobierno debido a que sale a la luz pública antes de su aprobación. Con esto disminuye el entusiasmo gubernamental por la COPRE, a pesar del importante lugar que ha alcanzado como escenario de debate y de intermediación social.

El documento propone la elección popular, directa y secreta de los gobernadores de estado; profundización de la democracia en los partidos; reformas a la Ley Orgánica del Sufragio, y reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, en la cual se contempla la creación de la figura de los alcaldes.

Acción Democrática no mira la propuesta con simpatía, por lo que el Parlamento demora su discusión hasta que finalmente alega falta de tiempo para considerarlo en el período de sesiones que concluyen con la presidencia de Lusinchi. No obstante, en julio de 1988 el Congreso aprueba la Ley de Régimen Municipal que crea la figura del alcalde, y en agosto, la Ley sobre Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, y la Ley sobre el Período de los Poderes Públicos de los Estados.

En diciembre de 1989 se realizan las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes regidas por esta ley.


Juan Pablo II en Venezuela

El papa Juan Pablo II visita Venezuela en enero de 1986. Es la primera visita de un pontífice romano al país. Esta resulta ser un suceso extraordinario, que moviliza a millares de personas y lleva a cabo un programa sumamente variado en diversas ciudades incluyendo Mérida y Caracas. En esta última, en el lugar donde se celebró la ceremonia papal, se edificará posteriormente un complejo habitacional bajo el nombre de Juan Pablo II que, lamentablemente, se ve manchado por un escándalo de corrupción.


La masacre de El Amparo

En octubre de 1988 en el pequeño pueblo de El Amparo, estado Apure, se produce una masacre en la que mueren 15 pescadores. La operación es ejecutada por miembros del Comando Específico José Antonio Páez, integrado por fuerzas militares y elementos civiles de los organismos de seguridad del Estado que vigilan la región, ya bajo el asedio de las guerrillas colombianas.

El Comando Específico justifica su acción calificando al grupo de pescadores como guerrilleros que probablemente preparaban una acción.

Sin embargo, las ropas que visten, la ausencia de armas y el testimonio de dos sobrevivientes, hacen que la opinión pública se sienta burlada tanto por los jefes de la operación como por el propio presidente Jaime Lusinchi que ha avalado públicamente esta versión de los hechos. El suceso produce un escándalo de gran resonancia y un largo proceso judicial, finalmente elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que sentencia a favor de los familiares de los fallecidos y obliga al Gobierno Nacional a pagar una indemnización monetaria destinada a resarcir los daños materiales sufridos.

 

AD y COPEI: tensiones a la vista

La contienda electoral de 1988 se libra dentro de los partidos tradicionales con graves consecuencias para su futuro: se dividen de manera irreversible y se inicia su proceso de declinación. En el Poliedro de Caracas, el “delfín” emergente, Eduardo Fernández, del partido COPEI, vence en su aspiración presidencial a Rafael Caldera. El episodio es traumático.

En las filas de Acción Democrática, Carlos Andrés Pérez derrota al presidente Lusinchi, quien respalda a Octavio Lepage. Son duelos que no terminan con las elecciones de diciembre.

Nadie ataja los vientos desatados, y a diferencia de otras campañas, en COPEI y en Acción Democrática no hay ni olvido ni perdón entre los vencedores y los agraviados. En cosa de años tanto Caldera como Pérez quedan fuera de sus partidos.


Del espejismo al Gran Viraje

Aun cuando en su campaña Carlos Andrés Pérez tiene la prudencia de no hacer promesas populistas, su solo nombre invoca el espejismo de la abundancia de los años 1970.

En esta segunda presidencia, Pérez comienza a gobernar un país distinto: las reservas operativas del Banco Central de Venezuela están en sus niveles más bajos; el déficit fiscal es seriamente comprometedor. Durante la campaña, su equipo económico se muestra de acuerdo con la necesidad de aplicar un programa de apertura económica. Al llegar al poder se encuentra con desequilibrios macroeconómicos mayores a los imaginados. La tesis de la medida de shock triunfa sobre la de la “aplicación gradual”.

Las arcas del Estado venezolano están exhaustas; la renta petrolera no es suficiente para satisfacer las crecientes demandas sociales. El Gran Viraje comporta una rectificación, que se concreta en una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional.

Ese compromiso significa el reconocimiento de la caída de los precios del petróleo, el reinicio de los pagos del servicio de la deuda externa y la posibilidad de acceder a los mercados financieros internacionales. Se promete equilibrio fiscal; no intervención en el sistema de precios; eliminación de barreras arancelarias al comercio; devaluación del bolívar para garantizar la competitividad en los mercados externos; privatización de las empresas públicas; contracción monetaria; desregulación del mercado de trabajo; eliminación de subsidios; transferencia a la empresa privada de bancos, teléfonos, hoteles; ajuste gradual de tarifas y de precios, incluido el de la gasolina; tasa flotante para el bolívar, y eliminación del Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). Estas medidas, que tienden a la liberación de la economía, son acompañadas por otras de carácter social para amortiguar su impacto sobre la población de escasos recursos. En tal sentido se contempla el aumento de sueldos y salarios de la Administración Pública, aumento del salario mínimo, un programa de becas alimentarias, creación de hogares de cuidado diario, programa de consolidación de barrios, apoyo a las microempresas, fortalecimiento de programas de salud infantil y de ambulatorios. Los acontecimientos del 27 de febrero de 1989 alteran la ruta prevista.


Tecnócratas a la vista

El presidente de la República pone el Gobierno en manos de un equipo de tecnócratas de altas calificaciones: Miguel Rodríguez Fandeo, Moisés Naim, Ricardo Haussman, Imelda Cisneros, Gerver Torres, Beatrice Rangel, Roberto Smith, Gustavo García, Ana Julia Jattar, Fernando Martínez Mótola, Carlos Blanco, Miguel Rodríguez Mendoza. Priva en ellos la racionalidad técnica subestimando los aspectos políticos. Un pequeño error.

Sin embargo, será recordado como uno de los gabinetes profesionalmente más coherentes de la democracia.


Rústicos en campaña electoral

El 20 de junio de 1989 El Nacional anuncia: “Por arte de magia desaparecieron veinte jeeps entregados a la Casa Militar”. La noticia estremece al exministro del Interior, José Ángel Ciliberto, quien se comunica con el presidente Jaime Lusinchi. El expresidente lo calma: “No le des mucha importancia. Tú sabes cómo son los periódicos de escandalosos”. El caso lo recoge el mismísimo Ciliberto en Una rústica conjura: el caso de los jeeps, y termina con un enfrentamiento entre el antiguo jefe y el antiguo subordinado. Los rústicos habían sido adquiridos para la campaña electoral de Acción Democrática (1988) “con dinero proveniente de la partida presupuestaria destinada a gastos de seguridad y defensa del Estado del Ministerio de Relaciones Interiores”.


El 27 de febrero de 1989

El Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza de los precios de la gasolina para el 26 de febrero (Bs. 2,75 la alta y a Bs. 2,55 la baja) y autoriza un incremento del 30% en el pasaje del transporte público. Es la gota que rebosa el vaso. Tiene lugar un estallido social. La reacción comienza en Guarenas, como protesta por el aumento en los precios del transporte colectivo. Durante varias horas en la mañana del 27 de febrero de 1989 la gente se ve bajando de los cerros de Caracas; la televisión comienza a transmitir las primeras escenas de saqueos que se llevan a cabo de manera extrañamente pacífica, inicialmente con la benevolencia policial. Motines y saqueos de pronto adquieren particular violencia. El 28, los cuerpos de seguridad comprueban su ineficacia. El Ejecutivo suspende las garantías y decreta el toque de queda, hecho inédito para la población joven. La gente demuestra que el “reajuste económico” no puede hacerse sin atender los problemas sociales. Hay un número impresionante de muertos, calculado en 300, enormes pérdidas materiales y queda en la mente de todo el mundo un sentimiento de temor y de miedo que el tiempo no borra. El programa de reajustes se mantiene inalterable: el 7 de marzo se decreta la liberación de precios.

Denuncias e investigaciones posteriores demostraron que el número de víctimas fue mucho mayor.


El bipartidismo aprende a perder


Una reforma constitucional de profunda significación para un país presidencialista es la elección de gobernadores en diciembre de 1989. Con la elección de gobernadores y de alcaldes se acomete el proceso de descentralización, la transferencia de competencias y la administración autónoma de recursos. Varía sustancialmente el mapa político del país. De las 20 gobernaciones existentes, AD obtiene 11; Copei, seis; una para la Causa R; una para el MAS y una independiente.

Estas elecciones son, al mismo tiempo, el primer anuncio de la pérdida de poder del bipartidismo que en las últimas elecciones nacionales había alcanzado el 92% del total de votos. En el estado Bolívar gana las elecciones la Causa R y es electo gobernador Andrés Velásquez, un técnico medio anteriormente líder de los sindicatos de SIDOR. Acción Democrática intenta desconocer los resultados, pero impresionantes jornadas de protesta popular y la amenaza de los obreros de apagar los hornos de SIDOR hacen que las autoridades electorales reconsideren su decisión y reconozcan el triunfo de Velásquez. En el estado Aragua, gana el MAS y Carlos Tablante pasa a ser gobernador. Las reformas a las que se habían resistido AD y COPEI, comienzan a mostrar sus efectos democratizadores del poder.


Así anda el país en 1992

Los resultados macroeconómicos de los tres primeros años de la administración del presidente Pérez son satisfactorios; a un primer año de contracción económica siguen dos de crecimiento: 5,3% en 1990 y 9,5% en 1991. El déficit fiscal se reduce el primer año por la devaluación del bolívar, en 1990 por efecto de la guerra del Golfo Pérsico, y en 1991 por las privatizaciones de empresas del Estado, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y la Venezolana Internacional de Aviación (VIASA). Sin embargo, el equilibrio en las cifras macro de la economía no se expresa en mejoras del nivel de vida para el ciudadano común. Una alta inflación y niveles de pobreza calculados en 62%, con un 30% en situación crítica, es el marco de 1992. El ambiente político se caldea cada vez más. La CTV repudia el paquete económico desde 1989, y poco después se lleva a cabo la llamada "marcha de los pendejos" en protesta contra la corrupción. El Gobierno pretende aliviar las tensiones sociales anunciando un ambicioso proyecto de ayuda y atención a los sectores más débiles de la población. El llamado "Megaproyecto Social" llega con retraso. Durante los meses finales de 1991 se difunden rumores de golpe de Estado. En enero de 1992 hay una reacción general contra el Impuesto de Valor Agregado (IVA).


Lo que el viento se llevó


En 1989, el Banco Central de Venezuela, bajo la presidencia de Pedro Tinoco, tiene la idea poco discreta de lanzar al mercado los billetes de uno y dos bolívares. Resultan un fiasco: se disuelven en las manos, como bolívares de agua. A los “tinoquitos” se los lleva el viento.


El 4 de febrero

En 1983 se funda una agrupación informal en las Fuerzas Armadas denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) cuya doctrina se apoya en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. La organización forma grupos de discusión sobre la situación política y económica venezolana. Progresivamente surge en el seno del movimiento la idea de cambiar la situación del país a través de un golpe de Estado. Alegando la situación económica y política, y la incompetencia y corrupción del liderazgo civil, el MBR-200 organiza la “Operación Zamora”, cuyos objetivos son derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez y constituir una Junta de Reconstrucción Nacional. La insurrección comienza en la tarde del día 3 y estalla esa misma noche. A su regreso de Suiza, el presidente Pérez es recibido en el aeropuerto por los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, quienes le informan sobre la asonada. El presidente se dirige a la residencia presidencial La Casona; allí es informado del alzamiento en el Zulia. Se va al Palacio de Miraflores, que comienza a ser atacado a las 12 de la noche. El presidente logra escapar a una estación de televisión, desde donde se dirige al país, ordenando a los insurrectos deponer las armas.

El poder de la información se hace evidente. El Gobierno muestra una imagen de control de la situación.

Las fuerzas leales al mando del ministro de la Defensa recuperan el Palacio de Miraflores a las 4 de la mañana y comienza la rendición de las fuerzas insurgentes. A primeras horas de la tarde el jefe máximo de la rebelión, comandante Hugo Chávez Frías, en uniforme de campaña, aparece ante las cámaras de televisión, asume la responsabilidad absoluta del movimiento y solicita a sus compañeros deponer las armas, pues los objetivos no se han logrado, “por ahora”. La difusión televisada del mensaje convierte a Chávez en un personaje conocido y popular.

El presidente, en reunión del gabinete, resuelve suspender las garantías constitucionales y decretar el toque de queda. El 5 de febrero el Congreso convoca una reunión conjunta para considerar el decreto presidencial; las fracciones políticas convienen en no discutir los acontecimientos del día anterior y emitir un comunicado repudiando el intento golpista. No obstante, el senador Rafael Caldera, rompiendo la disciplina de partido, sin justificar la intentona, expresa que ella tiene, al menos, como pretexto el deterioro de la situación económica y social. Sus palabras son una crítica severa a la posición monolítica y conservadora de los partidos políticos: “Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer”.

Con su discurso, Caldera pone en el terreno civil la discusión sobre los males de la democracia y la situación del país. Obtiene de inmediato una gran popularidad, cuyos frutos recogerá en las elecciones de diciembre de 1993.


Humo en los ojos

El presidente Carlos Andrés Pérez designa un Consejo Consultivo, integrado por personalidades independientes. A inicios de marzo este Consejo entrega sus conclusiones al presidente. Presenta ideas, se pronuncia por una reforma constitucional. La crisis de Venezuela “era global, pero tenía especiales connotaciones en lo económico, social y ético”. El 5 de marzo, el presidente propone la reforma de la Constitución a fin de despejar el camino para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El 10 de marzo el Congreso decide la reforma de la Carta Magna. Todo va bien orientado. De pronto, en septiembre, la reforma pierde su impulso. No se logra el consenso necesario para seguir adelante con la propuesta de reforma.


El 27 de noviembre

En la madrugada  del 27 de noviembre de 1992 los venezolanos son sorprendidos por una improvisada alocución televisiva en la que aparecen unos civiles llamando a la rebelión popular, un video casero del comandante Hugo Chávez y otro con el alto mando de la rebelión. Se trata de un nuevo intento de golpe de Estado, secuela del ocurrido el 4 de febrero. Los responsables de la rebelión son oficiales de alto rango: el general Francisco Visconti Osorio y los contralmirantes Hernán Gruber Odreman y Luis Cabrera Aguirre.

En la mañana bombardean el Palacio de Miraflores y algunas zonas de Caracas, pero el golpe dura poco. El general Visconti huye al Perú en un avión de la Fuerza Aérea, lleno de soldados que no saben para dónde van.


250 millones, el golpe final

En febrero de 1989, antes de que fuera eliminado el control de cambios, el Consejo de Ministros autoriza una rectificación presupuestaria por la suma de 250 millones de bolívares a favor de la partida secreta del Ministerio de Relaciones Exteriores. Son cambiados a dólares. El 8 de noviembre de 1992, el periodista José Vicente Rangel denuncia que aquellos recursos no tuvieron el uso debido. El Congreso inicia una larga y compleja investigación. Se comprueba que parte del dinero ha servido para financiar la seguridad de Violeta Chamorro, presidenta de Nicaragua. El Fiscal General de la República inicia un antejuicio de mérito ante la Corte Suprema de Justicia contra el jefe del Estado y sus ministros Alejandro Izaguirre y Reinaldo Figueredo, por malversación de fondos públicos.

El 20 de mayo la Corte Suprema de Justicia declara con lugar el antejuicio. El Senado lo autoriza al día siguiente, en virtud de lo cual el presidente queda relevado del cargo. El presidente del Congreso, Octavio Lepage, se encarga del Poder Ejecutivo, según la Constitución.

El presidente Pérez es consignado al Retén Judicial de El Junquito.

La Corte Suprema de Justicia lo condena por malversación a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario, que cumple en su residencia. Por primera vez, desde 1958, un presidente de la República no logra concluir el mandato para el que fue electo.


Venezolanos en las Grandes Ligas


Los años 1980 son el escenario de un momento estelar para la presencia de los venezolanos en el béisbol de Grandes Ligas. En 1984 Antonio Armas, ídolo nacional de la fanaticada de entonces, logra la hazaña de batear 43 jonrones y de impulsar 123 carreras, convirtiéndose así en el jugador más útil de la Liga Americana. Es el primer venezolano en ganar un liderato de jonrones en una temporada de las Grandes Ligas.

Ese mismo año, Luis Aparicio es incorporado al Salón de la Fama, el máximo homenaje al que puede aspirar un pelotero profesional. Y un año después, en 1985, Oswaldo Guillén obtiene la distinción de Novato del Año de la Liga Americana jugando para los Medias Blancas de Chicago.

Desde entonces, en una tradición inaugurada por Alejandro Carrasquel en 1939 con los Senadores de Washington, el deporte rey en Venezuela ha consolidado la presencia cada vez más numerosa y destacada de jugadores locales en la gran carpa norteamericana. Aparicio, Armas y Guillén han sido seguidos en el tiempo por figuras como Galarraga, Omar Vizquel, Edgardo Alfonzo, Magglio Ordóñez, Bob Abreu y otros que a finales del siglo XX llegan a constituir un grupo aproximado de 40 venezolanos activos en una misma temporada.